/ martes 23 de julio de 2019

Señala Moody's deficiencias en cuentas de estados

Los últimos reportes de la Auditoría Superior de la Federación revelan discrepancias entre la deuda de largo plazo reportada en los estados financieros y la de la Secretaría de Hacienda

Los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, y Veracruz presentan mayores deficiencias en los reportes sobre sus deudas y estados financieros, señaló Moody´s.

Por el contrario, Guanajuato y Querétaro reportan la mayor puntuación en relación a la calidad de administración y gobierno interno, según la metodología utilizada por Moody’s.

Los últimos reportes de la Auditoría Superior de la Federación revelan que algunos estados no están reportando toda la deuda de corto plazo y discrepancias entre la deuda de largo plazo reportada en los estados financieros y la de la Secretaría de Hacienda, señala la calificadora de riesgo crediticio.

“Esta falta de consistencia (en la información de los estados) complica los esfuerzos de calcular el monto total de la deuda, el costo del servicio de la deuda, así como los riesgos de liquidez, señala Moody’s en su reporte Divulgación deficiente de la deuda refleja débiles prácticas de administración que pueden presionar la liquidez, la calificadora de riesgo crediticio.

El reporte cita el caso de Baja California (B2 negativa), que reportó deuda financiera por 11 mil 846 millones de pesos, mientras que el monto auditado fue por 12 mil 648 millones, de acuerdo con datos de la Auditoría Superior.

Michoacán, que no reportó nueve préstamos de corto plazo por seis mil 482 millones de su deuda en sus estados financieros de 2017 ni en el Registro Público Único y el estado no pudo comprobar el uso de los recursos obtenidos de los créditos de corto plazo por 10 mil 227 millones, de acuerdo con la auditoría.

Esto, además de diferencias por tres mil 589 millones entre la deuda de largo plazo reportada en los estados financieros de Michoacán y la reportada en el registro de deuda.

El Estado de México (Ba1 estable) reportó deuda de largo plazo equivalente a 38 mil 300 millones, mientras que el monto auditado fue de 39 mil 200 millones.

La Ciudad de México (A3 negativa) reportó diferencias por dos mil 630 millones entre sus estados financieros y el registro público de deuda. Adicionalmente, el municipio de Hermosillo no pudo comprobar el uso de 150 millones de pesos de la deuda de largo plazo que contrató por 681.2 millones.

Moody’s señaló que la revelación de la deuda de corto plazo continúa siendo deficiente y recordó que desde 2017, estados y municipios deben reportar toda la información de su deuda de largo plazo, así como de otras obligaciones como préstamos de corto plazo, arrendamientos financieros, factoraje, garantías y asociaciones público-privadas.

Así se establece en la Ley de Disciplina Financiera y la Ley de Contabilidad Gubernamental, tanto en sus estados financieros como en el Registro Público Único de deuda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El reporte señala que a pesar de la mejoría, 13.5 por ciento de las transferencias etiquetadas para los estados no se gastan de manera adecuada, por lo que deben comprobar su destino o de lo contrario regresarlas al gobierno federal.

Los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, y Veracruz presentan mayores deficiencias en los reportes sobre sus deudas y estados financieros, señaló Moody´s.

Por el contrario, Guanajuato y Querétaro reportan la mayor puntuación en relación a la calidad de administración y gobierno interno, según la metodología utilizada por Moody’s.

Los últimos reportes de la Auditoría Superior de la Federación revelan que algunos estados no están reportando toda la deuda de corto plazo y discrepancias entre la deuda de largo plazo reportada en los estados financieros y la de la Secretaría de Hacienda, señala la calificadora de riesgo crediticio.

“Esta falta de consistencia (en la información de los estados) complica los esfuerzos de calcular el monto total de la deuda, el costo del servicio de la deuda, así como los riesgos de liquidez, señala Moody’s en su reporte Divulgación deficiente de la deuda refleja débiles prácticas de administración que pueden presionar la liquidez, la calificadora de riesgo crediticio.

El reporte cita el caso de Baja California (B2 negativa), que reportó deuda financiera por 11 mil 846 millones de pesos, mientras que el monto auditado fue por 12 mil 648 millones, de acuerdo con datos de la Auditoría Superior.

Michoacán, que no reportó nueve préstamos de corto plazo por seis mil 482 millones de su deuda en sus estados financieros de 2017 ni en el Registro Público Único y el estado no pudo comprobar el uso de los recursos obtenidos de los créditos de corto plazo por 10 mil 227 millones, de acuerdo con la auditoría.

Esto, además de diferencias por tres mil 589 millones entre la deuda de largo plazo reportada en los estados financieros de Michoacán y la reportada en el registro de deuda.

El Estado de México (Ba1 estable) reportó deuda de largo plazo equivalente a 38 mil 300 millones, mientras que el monto auditado fue de 39 mil 200 millones.

La Ciudad de México (A3 negativa) reportó diferencias por dos mil 630 millones entre sus estados financieros y el registro público de deuda. Adicionalmente, el municipio de Hermosillo no pudo comprobar el uso de 150 millones de pesos de la deuda de largo plazo que contrató por 681.2 millones.

Moody’s señaló que la revelación de la deuda de corto plazo continúa siendo deficiente y recordó que desde 2017, estados y municipios deben reportar toda la información de su deuda de largo plazo, así como de otras obligaciones como préstamos de corto plazo, arrendamientos financieros, factoraje, garantías y asociaciones público-privadas.

Así se establece en la Ley de Disciplina Financiera y la Ley de Contabilidad Gubernamental, tanto en sus estados financieros como en el Registro Público Único de deuda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El reporte señala que a pesar de la mejoría, 13.5 por ciento de las transferencias etiquetadas para los estados no se gastan de manera adecuada, por lo que deben comprobar su destino o de lo contrario regresarlas al gobierno federal.

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