/ domingo 14 de enero de 2018

Derechos humanos en NL apunta que gobierno minimiza violencia en Topo Chico

Reos asesinados en Topo Chico fueron fulminados a golpes en el área de talleres; versión oficial señaló que se trató de solo una riña

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos externó indignación y preocupación ante el doble homicidio  ocurrido en el Centro de Prevención y Readaptación Social Topo Chico el sábado.

Antony Emmanuel Macías Ovalle, de 20 años, y Víctor Manuel Ortiz Guerrero, de 24 años, a dos días de haber sido recluidos en dicho centro penitenciario, y debiendo estar en observación,  fueron asesinados a golpes en el área de talleres, sin contar aún con sentencia condenatoria y sin que, al parecer, los funcionarios pudieran evitarlo.

“Lo anterior ocurre a tan solo unos días de la muerte de Francisco Iván Mateos Melchi en el mismo centro de reclusión,Topo Chico, cuya familia había manifestado su preocupación ante el riesgo en que se encontraba. A unos días de la toma de posesión del Gobernador interino, ya son tres las muertes en presente año, evidenciando drástica y cruelmente la situación que viven las personas privadas de su libertad en las cárceles estatales de Nuevo León”, afirma la organización.

“La versión que emite el Gobierno del estado de Nuevo León, a través de Administración Penitenciaria, en el sentido de que las muertes fueron consecuencia de riñas entre los mismos  internos, no justifica en algún sentido estos hechos, y deja claro que no están haciendo el trabajo que les corresponde. Parecieran tener desconocimiento de la responsabilidad inherente al Estado, de garantizar la integridad física y emocional de quienes tiene privados de su libertad”.

Dice que de deberá imputar responsabilidad al gobierno estatal quien sigue mostrando indiferencia para atender la situación penitenciaria, y lejos de tomar acciones para garantizar la vida de las personas privadas de su libertad, disminuye el presupuesto para este año,  anulando las posibilidades de que los penales en Nuevo León, puedan contar con el personal e infraestructura necesaria para cumplir con su responsabilidad.

Lamentable es el abuso que se sigue dando de la prisión preventiva, que sigue poniendo en riesgo de muerte a muchas personas al internarlos en centros penitenciarios que no cuentan con el mínimo de seguridad y, lo más grave,  sin siquiera saber si son responsables de los hechos de que se les acusa.  Este doble homicidio, se encuadra en esta circunstancia, añade.

“Exigimos la presentación de autoridades de Administración Penitenciaria, Secretaría de Seguridad Pública, y Gobierno del estado en general, ante la Procuraduría y ante el Congreso, a fin de fincar responsabilidades a quienes corresponda de acuerdo a las cadenas de mando definidas, recordando que la tutela de las personas privadas de la libertad corresponde al Estado. Lo anterior dado que las investigaciones anteriores frente a hechos como el que señalamos se limitan a responsabilizar de las muertes a otras personas que también están privadas de su libertad, sin considerar las condiciones que hicieron posible homicidios y hechos de violencia, dejando al Gobierno del estado  exenta de su propia responsabilidad”, menciona finalmente.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos externó indignación y preocupación ante el doble homicidio  ocurrido en el Centro de Prevención y Readaptación Social Topo Chico el sábado.

Antony Emmanuel Macías Ovalle, de 20 años, y Víctor Manuel Ortiz Guerrero, de 24 años, a dos días de haber sido recluidos en dicho centro penitenciario, y debiendo estar en observación,  fueron asesinados a golpes en el área de talleres, sin contar aún con sentencia condenatoria y sin que, al parecer, los funcionarios pudieran evitarlo.

“Lo anterior ocurre a tan solo unos días de la muerte de Francisco Iván Mateos Melchi en el mismo centro de reclusión,Topo Chico, cuya familia había manifestado su preocupación ante el riesgo en que se encontraba. A unos días de la toma de posesión del Gobernador interino, ya son tres las muertes en presente año, evidenciando drástica y cruelmente la situación que viven las personas privadas de su libertad en las cárceles estatales de Nuevo León”, afirma la organización.

“La versión que emite el Gobierno del estado de Nuevo León, a través de Administración Penitenciaria, en el sentido de que las muertes fueron consecuencia de riñas entre los mismos  internos, no justifica en algún sentido estos hechos, y deja claro que no están haciendo el trabajo que les corresponde. Parecieran tener desconocimiento de la responsabilidad inherente al Estado, de garantizar la integridad física y emocional de quienes tiene privados de su libertad”.

Dice que de deberá imputar responsabilidad al gobierno estatal quien sigue mostrando indiferencia para atender la situación penitenciaria, y lejos de tomar acciones para garantizar la vida de las personas privadas de su libertad, disminuye el presupuesto para este año,  anulando las posibilidades de que los penales en Nuevo León, puedan contar con el personal e infraestructura necesaria para cumplir con su responsabilidad.

Lamentable es el abuso que se sigue dando de la prisión preventiva, que sigue poniendo en riesgo de muerte a muchas personas al internarlos en centros penitenciarios que no cuentan con el mínimo de seguridad y, lo más grave,  sin siquiera saber si son responsables de los hechos de que se les acusa.  Este doble homicidio, se encuadra en esta circunstancia, añade.

“Exigimos la presentación de autoridades de Administración Penitenciaria, Secretaría de Seguridad Pública, y Gobierno del estado en general, ante la Procuraduría y ante el Congreso, a fin de fincar responsabilidades a quienes corresponda de acuerdo a las cadenas de mando definidas, recordando que la tutela de las personas privadas de la libertad corresponde al Estado. Lo anterior dado que las investigaciones anteriores frente a hechos como el que señalamos se limitan a responsabilizar de las muertes a otras personas que también están privadas de su libertad, sin considerar las condiciones que hicieron posible homicidios y hechos de violencia, dejando al Gobierno del estado  exenta de su propia responsabilidad”, menciona finalmente.

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