El papa Francisco promulgó un nuevo decreto el jueves que ordena la transparencia económica total y controles para los administradores del Vaticano, incluidos los cardenales, y estipula que nadie puede aceptar regalos personales por un valor mayor a 40 euros (49 dólares).
El decreto se conoce luego de una ley papal de mayo del año pasado, en la que el Sumo Pontífice endureció las reglas para los contratos de adquisiciones del Vaticano.
La práctica de darse regalos entre clérigos católicos fue la fuente de varios escándalos en la Iglesia en los últimos años.
En 2019, una investigación de la Iglesia de Estados Unidos descubrió que el obispo Michael J. Bransfield de Virginia Occidental envió cheques personales por un total de más de 350,000 dólares a aproximadamente 140 clérigos durante más de una década, incluidos dos cardenales de Estados Unidos.
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Posteriormente utilizó los fondos de la Iglesia local para reembolsarse. Una investigación lo encontró responsable del acoso sexual de adultos e irregularidades financieras. Negó haber actuado mal.
Uno de los cardenales del Vaticano que recibió los obsequios de Bransfield devolvió el dinero y el otro dijo que lo había dado a organizaciones de caridad.
El año pasado, un informe del Vaticano sobre el ex cardenal estadounidense Theodore McCarrick mostró que regularmente daba obsequios en efectivo a otros clérigos, incluidos funcionarios del Vaticano, durante un período que abarcó décadas.
McCarrick fue expulsado del sacerdocio en 2019, después de que una investigación interna lo encontrara culpable de abuso sexual de menores y adultos y abuso de poder.
CONTROLES
El límite de 40 euros para los obsequios se aplica a todos los empleados del Vaticano de cualquier nivel y el resto del decreto a los administradores, sean clérigos o laicos.
Establece que, al momento de su nombramiento y luego cada dos años, los administradores deben revelar si han sido objeto de investigaciones financieras.
También dice que no pueden usar paraísos fiscales o poseer bienes inmuebles obtenidos con fondos de actividades ilegales. Las autoridades financieras del Vaticano tendrá facultades de control.
Los firmantes deberán declarar que no poseen, ni siquiera a través de terceros, inversiones o participaciones en empresas catalogadas como de alto riesgo de blanqueo de capitales.
No pueden tener acciones u otros intereses en empresas cuyas políticas sean contrarias a la doctrina social de la Iglesia. Se trataba de una aparente referencia a las empresas farmacéuticas y a las que dañan gravemente el medio ambiente.
El Santo Padre dijo que el personal debe adherirse a las "regulaciones y mejores prácticas internacionalmente aceptadas" que exigen transparencia por parte de quienes desempeñan funciones clave para combatir "los conflictos de intereses, las prácticas de mecenazgo y la corrupción en general".
En diciembre, el papa Francisco promulgó un decreto que hizo que los fondos de caridad fueran más transparentes y reforzó el control sobre la Secretaría de Estado, la parte más importante de la administración del Vaticano, después de un escándalo por un acuerdo de propiedades de lujo en Londres.
