PUERTO PRÍNCIPE. El gobierno Haití aseguró haber evitado un intento de asesinar al presidente Jovenel Moise y derribar a su gobierno en medio de controversias sobre el fin de su mandato.
El plan fue un “intento de golpe de Estado”, según el ministro de Justicia Rockefeller Vincent. Otras fuentes oficiales dijeron que 23 personas fueron detenidas, entre ellas, un magistrado y una oficial de la policía nacional.
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“Agradezco al responsable de mi seguridad. El sueño de esa gente era atentar contra mi vida. Gracias a dios no ocurrió eso. El plan fue abortado”, dijo Moise.
Además, reafirmó que no abandonará el poder como exigen la oposición y otros sectores del país y, en cambio, llamó al diálogo “para dar otro rumbo al país”.
El gobernante, sin embargo, admitió haber “fracasado” en estabilizar al país, aunque culpó de “todos los males del país” a la “mafia criminal dentro del Estado” y a los “oligarcas corruptos”.
El presidente gobierna sin el control del poder legislativo desde el año pasado y dice que se mantendrá en el cargo hasta el 7 de febrero de 2022, en una interpretación de la Constitución rechazada por la oposición, que desató protestas por considerar que su mandato terminaba ayer.
El Consejo Superior del Poder Judicial dio a conocer ayer una resolución en la que establece que el mandato de Moise vencía el 7 de febrero y no el año próximo.
El juez Ivickel Dabrésil, de la máxima instancia judicial, la inspectora general de la Policía Nacional y una veintena de personas fueron detenidas acusadas de conspirar contra la vida del presidente.
Estados Unidos aceptó el viernes la posición de Moise. El Departamento de Estado indicó que Washington ha pedido “elecciones legislativas libres y justas para que el Congreso pueda retomar el poder que le corresponde”.
La disputa sobre el fin del mandato es consecuencia de la primera elección de Moise. En octubre de 2015 fue electo para cinco años en comicios cuyo escrutinio fue cancelado por fraudes y luego volvió a ser elegido un año después.
Tras esa última elección, las manifestaciones exigiendo su dimisión se intensificaron en el verano boreal de 2018.
En los últimos años, la sociedad civil ha hecho campaña contra la corrupción y la inseguridad, con la proliferación de pandillas en todo el país.
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