BOGOTÁ. Miles de personas volvieron, en un nuevo paro nacional, a echarse a las calles de Bogotá y otras ciudades de Colombia pese a la represión y violencia de las fuerzas de seguridad, en protesta contra las políticas del presidente Iván Duque, al que le exigen acciones efectivas contra la brutalidad policial y que cesen algunas de sus políticas.
La jornada 15 de las marchas fue una mezcla de reclamos al Gobierno en el que confluyeron artistas, obreros, estudiantes, sindicalistas y vendedores informales que coreaban arengas cuyo blanco central era Duque, que se multiplica en esta crisis para reunirse con diferentes sectores, después de viajar dos veces a Cali, la ciudad más golpeada por esta crisis y epicentro de las protestas.
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A propósito de la brutalidad policial, el presidente, que sigue sin dar una declaración contundente al respecto como le piden las organizaciones, dijo que las autoridades han iniciado 65 acciones disciplinarias, entre ellas ocho por homicidio, 27 por abuso de autoridad, 11 por agresión física y 19 por otras conductas.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo informó también que ha recibido reportes de que 42 personas (41 civiles y 1 policía) han muerto en las dos semanas de paro, y que siguen buscando a 168 personas.
Las marchas más concurridas fueron las de Bogotá, en donde hubo diferentes puntos de encuentro aunque no todos confluyeron en la céntrica Plaza de Bolívar. En tono similar, las manifestaciones se desarrollaron en Barranquilla, Cartagena y Montería, las principales ciudades del Caribe. En Bucaramanga y Cúcuta, esta última, fronterizo con Venezuela, la gente también salió a expresar su descontento.
Mientras tanto en Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia la movilización indígena acompañó en las marchas a "los jóvenes y la ciudadanía movilizada porque nos estaban masacrando", según dijo Aida Quilcué, una fuerte opositora del Gobierno Duque.
Si bien es cierto que el Gobierno ya retiró la reforma fiscal, las protestas encajan una serie de exigencias que el Comité de Paro resume así: retiro del proyecto de la reforma a la salud, que contempla privatizaciones, y fortalecimiento de una masiva vacunación, renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual y defensa de la producción nacional.
El Gobierno ha pedido insistentemente que los manifestantes deben despejar las vías del país para permitir el abastecimiento de alimentos y medicinas. Según el gobierno, las pérdidas por los bloqueos son de alrededor de 1.7 billones de pesos (unos 458 millones de dólares).
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