/ miércoles 2 de junio de 2021

Los Gobiernos prometen en la ONU reforzar la lucha contra la corrupción

Los Estados miembros aprobaron una declaración de consenso en la que prometen combatir la corrupción a nivel nacional y reforzar la cooperación internacional

Los Gobiernos de todo el mundo se comprometieron este miércoles en Naciones Unidas a reforzar la lucha contra la corrupción y a prestar especial atención al riesgo de que este tipo de delitos se dispare en el marco de la recuperación de la pandemia.

Reunidos en una sesión especial de la Asamblea General de la ONU, los Estados miembros aprobaron una declaración de consenso en la que prometen combatir la corrupción a nivel nacional y reforzar la cooperación internacional contra el problema.

“Reconocemos la necesidad y reafirmamos nuestra responsabilidad de adoptar medidas urgentes para evitar que la corrupción tenga lugar”, señala el texto, que subraya que ningún país está libre de corrupción y que los avances logrados hasta ahora son insuficientes.

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A lo largo de 20 páginas, los países de la ONU desgranan el problema de la corrupción y, de forma general, abordan fórmulas para responder a él, recalcando la importancia de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Según el presidente de la Asamblea General, Volkan Bozkir, la declaración traza la “hoja de ruta” para el futuro de la lucha anticorrupción, contra el blanqueo de dinero y los flujos financieros ilícitos y para la recuperación de activos que deben servir para financiar políticas de desarrollo y contra la pobreza.

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En ese sentido, el texto reconoce el impacto negativo que todas las formas de corrupción pueden tener en el acceso a servicios básicos y en el aumento de la pobreza y las desigualdades, al afectar de forma desproporcionada a los más desfavorecidos.

Los Gobiernos apuntan que “estas dificultades se han visto exacerbadas por los efectos de la pandemia” y avisan de que la ”contratación pública está sujeta a graves riesgos de corrupción” en torno a las medidas de respuesta al Covid-19 y la recuperación.

“Impulsamos, cuando proceda, la inclusión de disposiciones anticorrupción en los contratos y, a la hora de adjudicar contratos públicos, tendremos en cuenta si se ha determinado que las personas físicas o jurídicas han cometido actos de corrupción y cualquier factor atenuante”, señalan en la declaración.

El texto fue adoptado por aclamación al inicio de la reunión de la Asamblea General, que se celebra entre hoy y el viernes.


En esta primera jornada, que se desarrolla en un formato híbrido con intervenciones en persona y por video, se prevé la participación de una decena de jefes de Estado y de Gobierno, incluidos varios latinoamericanos.

En paralelo, los países del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos) y la Unión Europea emitieron su propia declaración, en la que las potencias se comprometen a asegurar que haya medidas contundentes para prevenir la corrupción y los flujos financieros ilícitos y a apoyar los esfuerzos de otros países en este ámbito.

Además, prometieron seguir avanzando en materia de transparencia en el gobierno y en todos los procesos de contratación pública.



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Los Gobiernos de todo el mundo se comprometieron este miércoles en Naciones Unidas a reforzar la lucha contra la corrupción y a prestar especial atención al riesgo de que este tipo de delitos se dispare en el marco de la recuperación de la pandemia.

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“Reconocemos la necesidad y reafirmamos nuestra responsabilidad de adoptar medidas urgentes para evitar que la corrupción tenga lugar”, señala el texto, que subraya que ningún país está libre de corrupción y que los avances logrados hasta ahora son insuficientes.

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A lo largo de 20 páginas, los países de la ONU desgranan el problema de la corrupción y, de forma general, abordan fórmulas para responder a él, recalcando la importancia de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Según el presidente de la Asamblea General, Volkan Bozkir, la declaración traza la “hoja de ruta” para el futuro de la lucha anticorrupción, contra el blanqueo de dinero y los flujos financieros ilícitos y para la recuperación de activos que deben servir para financiar políticas de desarrollo y contra la pobreza.

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En ese sentido, el texto reconoce el impacto negativo que todas las formas de corrupción pueden tener en el acceso a servicios básicos y en el aumento de la pobreza y las desigualdades, al afectar de forma desproporcionada a los más desfavorecidos.

Los Gobiernos apuntan que “estas dificultades se han visto exacerbadas por los efectos de la pandemia” y avisan de que la ”contratación pública está sujeta a graves riesgos de corrupción” en torno a las medidas de respuesta al Covid-19 y la recuperación.

“Impulsamos, cuando proceda, la inclusión de disposiciones anticorrupción en los contratos y, a la hora de adjudicar contratos públicos, tendremos en cuenta si se ha determinado que las personas físicas o jurídicas han cometido actos de corrupción y cualquier factor atenuante”, señalan en la declaración.

El texto fue adoptado por aclamación al inicio de la reunión de la Asamblea General, que se celebra entre hoy y el viernes.


En esta primera jornada, que se desarrolla en un formato híbrido con intervenciones en persona y por video, se prevé la participación de una decena de jefes de Estado y de Gobierno, incluidos varios latinoamericanos.

En paralelo, los países del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos) y la Unión Europea emitieron su propia declaración, en la que las potencias se comprometen a asegurar que haya medidas contundentes para prevenir la corrupción y los flujos financieros ilícitos y a apoyar los esfuerzos de otros países en este ámbito.

Además, prometieron seguir avanzando en materia de transparencia en el gobierno y en todos los procesos de contratación pública.



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