/ lunes 17 de febrero de 2020

Estados ponen trabas a las aplicaciones de movilidad

Debido a las legislaciones estatales, muchas apps trabajan en la ilegalidad y con ello, los choferes se arriesgan a ser sancionados o agredidos

AGUASCALIENTES. En estados como Aguascalientes, Querétaro, Baja California y Coahuila, la Ley de Movilidad se ha modificado con la finalidad de regular el transporte de pasajeros a través de plataformas digitales, sin embargo, muchas veces esta regulación se ha tardado años tal es el caso de Aguascalientes, entidad que tiene establecida una Ley de Movilidad desde el 30 de abril de 2018, pues con información estatal, circulan alrededor de cuatro mil automóviles afiliados a las plataformas internacionales Uber y Didi, así como a la local Bolt, cuyo origen de la inversión no se tiene muy clara. En contraste, existen cuatro mil 100 taxis tradicionales.

La propia Ley de Movilidad establece, en su artículo 134, que, independientemente de contar con un registro en la plataforma, los autos destinados a este servicio deben ser aprobados por la Coordinación de Movilidad del estado (Cmov), contar con un holograma y realizar un pago anual por derecho de explotación de aproximadamente tres mil pesos y en caso de no hacerlo, éstos se hacen acreedores a una sanción de hasta 500 UMAs, equivalente a más de 41 mil pesos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 311 de la citada ley.

A raíz de la entrada en vigor de la misma, la Cmov ha desplegado una serie de operativos permanentes que han causado una serie de enfrentamientos verbales con los conductores de las unidades, toda vez que, de acuerdo a quejas de los afectados, la ley se aplica a rajatabla y mediante los criterios de inspectores prepotentes y agresivos, quienes se dedican a recoger unidades con motivos poco claros.

Algo similar ocurre en Querétaro, estado que desde abril del 2016 el Congreso Local de Querétaro reguló los servicios de transporte ejecutivo de pasajeros, con hasta el día de hoy 21 plataformas, en la que no están incluidas Uber y DiDi, que son de las que tienen más presencia.

En la Ley de Movilidad quedó establecido que las empresas que trabajen bajo ese sistema deberán registrar las plataformas bajo las que operarán los vehículos y lo operadores. Además que no podrán tener bases o sitios o prestar más de un servicio a la vez, y contar con seguro con amplia cobertura, lo que hace aún más complicado para las plataformas dar un servicio mejor.

Mientras que en Baja California Sur, en Los Cabos, después de que en 2018 se reguló este tipo de transporte público fue en febrero y marzo de 2019 que choferes comenzaron a sufrir constantes agresiones por parte del gremio transportista específicamente contra los choferes de Uber, incluso llegaron a provocar un choque automovilístico en el que el conductor y dos turistas extranjeros que iban a bordo resultaron lesionados.

LOS QUE LO PROHÍBEN

Desde el 2016, se ha querido regularizar este tipo de aplicaciónes en el puerto de Acapulco, sin embargo, líderes del transporte público ligero advirtieron que no iban a permitir apps como Uber o cualquier otro esquema similar, porque constituiría una desleal competencia y mermaría su de por si castigada economía, pues diariamente tienen que pagar el derecho de piso a los grupos delictivos.

Desde ese año, un grupo de dirigentes de organizaciones de taxistas azules, con el apoyo del entonces funcionario del gobierno del estado, César Bajos Valverde, anunciaron que, en Acapulco, lanzarían su propia aplicación móvil para competir de manera directa y con un esquema igual al del Uber.

Sin embargo, fue el presidente de la Organización Permisionarios y Transportistas del Estado de Guerrero (OPTRAEG), Ruperto Rodríguez González, quien reunió a más de 500 trabajadores del volante y estranguló el boulevard de Las Naciones para exigir la salida de este servicio y como medida de presión bloquearon ambos carriles.

Dentro de sus argumentos, el dirigente transportista explicó que era ilegal que se permitiera operar a este grupo de taxistas, toda vez que primero se tendría que modificar la ley y cancelar las concesiones, además de ya no cobrar los impuestos que año con año están aportando al gobierno del estado.

Algo similar pasó en Hidalgo con la Ley de Movilidad y Transporte de Hidalgo que prohíbe el uso de plataformas digitales para uso de transporte público en el estado, como Uber y Cabify, por lo que únicamente está permitida la circulación de taxis para la prestación del servicio, previo permiso o concesión por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot).

La normativa que fue publicada el 30 de julio de 2018 establece que, tanto en Pachuca y su zona metropolitana como en el resto del estado, no pueden circular otro tipo de vehículos que presten servicios de transporte público por medio de las plataformas digitales.

En La Paz, Baja California Sur, también fue rechazada la iniciativa de Ley de Movilidad que fue enviada por Carlos Mendoza Davis, gobernador de BCS al Congreso del estado, donde se pretendía regular el uso de plataformas digitales que brindan servicio de transporte. Tras esto, en la zona del Aeropuerto Internacional de La Paz “Manuel Márquez de León”, inició operaciones la Guardia Nacional a través de la Policía Federal, quienes tienen el antecedente de haber multado a unidades de Uber en dichas instalaciones en 2018, argumentando que el servicio de transporte es ilegal en esa zona de acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, por lo que la multa fue por no contar con el permiso correspondiente.

Fuente: Editoras OEM. / Gráfico: Luis Calderón

NAVEGAN EN LA IRREGULARIDAD

Si bien es Coahuila uno de los pocos estados del país en los que se ha legislado para abrirle la puerta a los servicios que se ofrecen a partir de las denominadas plataformas digitales de transporte, en casi tres años solamente los representantes de una de ellas, DiDi, han accedido a sujetarse a la normativa establecida para su legal operación, en tanto que las que han hecho notar su presencia en distintas regiones de la entidad han preferido mantenerse hasta ahora en la irregularidad, y por lo tanto son sujetos a la aplicación de las sanciones contempladas en la ley.

Alfonso Tafoya Aguilar, titular del Organismo Regulador del Transporte Masivo del Estado de Coahuila, aclaró que si bien no se han tenido que desplegar aparatosos operativos para ir detrás de prestadores de servicios que al no contar con autorización se les puede considerar como “piratas”, son multados como corresponde cada vez que se les detecta en plena irregularidad.

Detalla que hasta ahora, solamente Di- Di ha concluido los trámites necesarios para la regularización del servicio que oferta, en tanto que la plataforma identificada como Loch por lo menos ya inició los trámites necesarios para ese mismo fin, no así Uber, cuyos representantes no han mostrado el más mínimo interés por acercarse con las autoridades competentes para sujetarse a las reglas del juego contemplados para estos casos.

Lo mismo pasa en el estado de Durango, en donde a pesar de no estar reguladas las plataformas, se estima que operan cerca de cuatro empresas, donde Uber es la más popular

SE MODERNIZAN

El Estado de México es una de las entidades en donde se regularizaron más rápido estás apps, pues desde hace casi cinco años que incursionó este servicio de transporte privado y solo se ha normado para el uso de licencias y padrón de operadores.

Hasta el año pasado, el Código Administrativo del Estado de México consideró en su normativa, el requisito para operadores de plataformas, el uso de licencias y el padrón de los socios.

Sin embargo, el conflicto con el gremio transportista de la entidad y las plataformas como Didi, Uber y Cabify ha sido porque la Secretaría de Movilidad regule mediante concesiones a dichas empresas internacionales, lo cual obligaría a que los operadores para obtener la licencia deberían pasar los exámenes toxicológicos, la capacitación y las unidades se rotularían y trabajarían mediante rutas.

La Secretaría de Finanzas emitió el año pasado las reglas que deben atender las plataformas electrónicas, entre ellas están tramitar una licencia, pagar por ella, estar al corriente en sus obligaciones e inscribirse ante SAT.

Miguel Ángel Campos Pacheco/Noticias de El Sol de la Laguna, El Sol de Durango y El Sudcaliforniano

AGUASCALIENTES. En estados como Aguascalientes, Querétaro, Baja California y Coahuila, la Ley de Movilidad se ha modificado con la finalidad de regular el transporte de pasajeros a través de plataformas digitales, sin embargo, muchas veces esta regulación se ha tardado años tal es el caso de Aguascalientes, entidad que tiene establecida una Ley de Movilidad desde el 30 de abril de 2018, pues con información estatal, circulan alrededor de cuatro mil automóviles afiliados a las plataformas internacionales Uber y Didi, así como a la local Bolt, cuyo origen de la inversión no se tiene muy clara. En contraste, existen cuatro mil 100 taxis tradicionales.

La propia Ley de Movilidad establece, en su artículo 134, que, independientemente de contar con un registro en la plataforma, los autos destinados a este servicio deben ser aprobados por la Coordinación de Movilidad del estado (Cmov), contar con un holograma y realizar un pago anual por derecho de explotación de aproximadamente tres mil pesos y en caso de no hacerlo, éstos se hacen acreedores a una sanción de hasta 500 UMAs, equivalente a más de 41 mil pesos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 311 de la citada ley.

A raíz de la entrada en vigor de la misma, la Cmov ha desplegado una serie de operativos permanentes que han causado una serie de enfrentamientos verbales con los conductores de las unidades, toda vez que, de acuerdo a quejas de los afectados, la ley se aplica a rajatabla y mediante los criterios de inspectores prepotentes y agresivos, quienes se dedican a recoger unidades con motivos poco claros.

Algo similar ocurre en Querétaro, estado que desde abril del 2016 el Congreso Local de Querétaro reguló los servicios de transporte ejecutivo de pasajeros, con hasta el día de hoy 21 plataformas, en la que no están incluidas Uber y DiDi, que son de las que tienen más presencia.

En la Ley de Movilidad quedó establecido que las empresas que trabajen bajo ese sistema deberán registrar las plataformas bajo las que operarán los vehículos y lo operadores. Además que no podrán tener bases o sitios o prestar más de un servicio a la vez, y contar con seguro con amplia cobertura, lo que hace aún más complicado para las plataformas dar un servicio mejor.

Mientras que en Baja California Sur, en Los Cabos, después de que en 2018 se reguló este tipo de transporte público fue en febrero y marzo de 2019 que choferes comenzaron a sufrir constantes agresiones por parte del gremio transportista específicamente contra los choferes de Uber, incluso llegaron a provocar un choque automovilístico en el que el conductor y dos turistas extranjeros que iban a bordo resultaron lesionados.

LOS QUE LO PROHÍBEN

Desde el 2016, se ha querido regularizar este tipo de aplicaciónes en el puerto de Acapulco, sin embargo, líderes del transporte público ligero advirtieron que no iban a permitir apps como Uber o cualquier otro esquema similar, porque constituiría una desleal competencia y mermaría su de por si castigada economía, pues diariamente tienen que pagar el derecho de piso a los grupos delictivos.

Desde ese año, un grupo de dirigentes de organizaciones de taxistas azules, con el apoyo del entonces funcionario del gobierno del estado, César Bajos Valverde, anunciaron que, en Acapulco, lanzarían su propia aplicación móvil para competir de manera directa y con un esquema igual al del Uber.

Sin embargo, fue el presidente de la Organización Permisionarios y Transportistas del Estado de Guerrero (OPTRAEG), Ruperto Rodríguez González, quien reunió a más de 500 trabajadores del volante y estranguló el boulevard de Las Naciones para exigir la salida de este servicio y como medida de presión bloquearon ambos carriles.

Dentro de sus argumentos, el dirigente transportista explicó que era ilegal que se permitiera operar a este grupo de taxistas, toda vez que primero se tendría que modificar la ley y cancelar las concesiones, además de ya no cobrar los impuestos que año con año están aportando al gobierno del estado.

Algo similar pasó en Hidalgo con la Ley de Movilidad y Transporte de Hidalgo que prohíbe el uso de plataformas digitales para uso de transporte público en el estado, como Uber y Cabify, por lo que únicamente está permitida la circulación de taxis para la prestación del servicio, previo permiso o concesión por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot).

La normativa que fue publicada el 30 de julio de 2018 establece que, tanto en Pachuca y su zona metropolitana como en el resto del estado, no pueden circular otro tipo de vehículos que presten servicios de transporte público por medio de las plataformas digitales.

En La Paz, Baja California Sur, también fue rechazada la iniciativa de Ley de Movilidad que fue enviada por Carlos Mendoza Davis, gobernador de BCS al Congreso del estado, donde se pretendía regular el uso de plataformas digitales que brindan servicio de transporte. Tras esto, en la zona del Aeropuerto Internacional de La Paz “Manuel Márquez de León”, inició operaciones la Guardia Nacional a través de la Policía Federal, quienes tienen el antecedente de haber multado a unidades de Uber en dichas instalaciones en 2018, argumentando que el servicio de transporte es ilegal en esa zona de acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, por lo que la multa fue por no contar con el permiso correspondiente.

Fuente: Editoras OEM. / Gráfico: Luis Calderón

NAVEGAN EN LA IRREGULARIDAD

Si bien es Coahuila uno de los pocos estados del país en los que se ha legislado para abrirle la puerta a los servicios que se ofrecen a partir de las denominadas plataformas digitales de transporte, en casi tres años solamente los representantes de una de ellas, DiDi, han accedido a sujetarse a la normativa establecida para su legal operación, en tanto que las que han hecho notar su presencia en distintas regiones de la entidad han preferido mantenerse hasta ahora en la irregularidad, y por lo tanto son sujetos a la aplicación de las sanciones contempladas en la ley.

Alfonso Tafoya Aguilar, titular del Organismo Regulador del Transporte Masivo del Estado de Coahuila, aclaró que si bien no se han tenido que desplegar aparatosos operativos para ir detrás de prestadores de servicios que al no contar con autorización se les puede considerar como “piratas”, son multados como corresponde cada vez que se les detecta en plena irregularidad.

Detalla que hasta ahora, solamente Di- Di ha concluido los trámites necesarios para la regularización del servicio que oferta, en tanto que la plataforma identificada como Loch por lo menos ya inició los trámites necesarios para ese mismo fin, no así Uber, cuyos representantes no han mostrado el más mínimo interés por acercarse con las autoridades competentes para sujetarse a las reglas del juego contemplados para estos casos.

Lo mismo pasa en el estado de Durango, en donde a pesar de no estar reguladas las plataformas, se estima que operan cerca de cuatro empresas, donde Uber es la más popular

SE MODERNIZAN

El Estado de México es una de las entidades en donde se regularizaron más rápido estás apps, pues desde hace casi cinco años que incursionó este servicio de transporte privado y solo se ha normado para el uso de licencias y padrón de operadores.

Hasta el año pasado, el Código Administrativo del Estado de México consideró en su normativa, el requisito para operadores de plataformas, el uso de licencias y el padrón de los socios.

Sin embargo, el conflicto con el gremio transportista de la entidad y las plataformas como Didi, Uber y Cabify ha sido porque la Secretaría de Movilidad regule mediante concesiones a dichas empresas internacionales, lo cual obligaría a que los operadores para obtener la licencia deberían pasar los exámenes toxicológicos, la capacitación y las unidades se rotularían y trabajarían mediante rutas.

La Secretaría de Finanzas emitió el año pasado las reglas que deben atender las plataformas electrónicas, entre ellas están tramitar una licencia, pagar por ella, estar al corriente en sus obligaciones e inscribirse ante SAT.

Miguel Ángel Campos Pacheco/Noticias de El Sol de la Laguna, El Sol de Durango y El Sudcaliforniano

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