/ viernes 19 de marzo de 2021

Morena propone flexibilizar declaraciones patrimoniales

La iniciativa permitiría a los funcionarios de la cuatroté omitir datos en su declaración de bienes patrimoniales, si con ello se afecta su vida privada

Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa que de aprobarse permitirá que los funcionarios de la cuatroté que ganen arriba de 18 mil pesos puedan omitir datos en su declaración de bienes patrimoniales, si con ello se afecta su vida privada.

La iniciativa contrasta con la que presentó el Ejecutivo en el Senado, la cual busca una Ley Orgánica del Poder Judicial que obligue a los jueces a presentar sus declaraciones patrimoniales además de crear una unidad administrativa con facultades para solicitar información sobre sus cuentas a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

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Aunque por mandato constitucional todos los servidores públicos están obligados a rendir su declaración de situación patrimonial y de intereses, la diputada Flora Tania Cruz Santos inscribió una iniciativa en la Gaceta Parlamentaria del Congreso que pretende hacer diferencias en este ordenamiento constitucional.

La iniciativa morenista propone establecer dos tipos de declaraciones patrimoniales: la primera, de carácter simple, destinada a servidores que ganen menos de 150 salarios mínimos al mes (unos 18 mil 500 pesos). Y la segunda, de carácter completo, diseñada para todos aquellos servidores que perciban una remuneración mayor a la antes señalada.

Sin embargo, dentro de este segundo grupo propone hacer excepciones y que los servidores públicos que ganen más de 18 mil 500 pesos puedan omitir información cuando la publicidad de sus bienes “pueda afectar” su vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

De acuerdo con la Tercera Entrega de la Cuenta Pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación, este órgano fiscalizador determinó que la Secretaría de la Función Pública incurrió en discrecionalidad en las indagatorias que realiza y se opuso al proceso de escrutinio. Además, debido a la pandemia de Covid-19, realizó solamente 92 investigaciones de evolución patrimonial, a pesar de que se presentaron más de 575 mil declaraciones patrimoniales.

Senado aprueba paquete de 11 reformas constitucionales en una sola sesión y sin discusión

El martes pasado, el presidente de la República presentó una iniciativa en el Senado para sancionar corrupción y nepotismo de jueces, castigos que van desde amonestaciones privadas hasta la destitución.

Dicha iniciativa para reformar al Poder Judicial plantea que a los jueces que hayan recibido beneficios económicos se les impondrá una sanción económica que alcanzará hasta dos tantos de los beneficios obtenidos.

Asimismo, señala que si los beneficios provocaron daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, el juzgador o funcionario público tendrá que reparar en su totalidad los daños causados por estos actos.




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La iniciativa contrasta con la que presentó el Ejecutivo en el Senado, la cual busca una Ley Orgánica del Poder Judicial que obligue a los jueces a presentar sus declaraciones patrimoniales además de crear una unidad administrativa con facultades para solicitar información sobre sus cuentas a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

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La iniciativa morenista propone establecer dos tipos de declaraciones patrimoniales: la primera, de carácter simple, destinada a servidores que ganen menos de 150 salarios mínimos al mes (unos 18 mil 500 pesos). Y la segunda, de carácter completo, diseñada para todos aquellos servidores que perciban una remuneración mayor a la antes señalada.

Sin embargo, dentro de este segundo grupo propone hacer excepciones y que los servidores públicos que ganen más de 18 mil 500 pesos puedan omitir información cuando la publicidad de sus bienes “pueda afectar” su vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

De acuerdo con la Tercera Entrega de la Cuenta Pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación, este órgano fiscalizador determinó que la Secretaría de la Función Pública incurrió en discrecionalidad en las indagatorias que realiza y se opuso al proceso de escrutinio. Además, debido a la pandemia de Covid-19, realizó solamente 92 investigaciones de evolución patrimonial, a pesar de que se presentaron más de 575 mil declaraciones patrimoniales.

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