/ domingo 21 de octubre de 2018

Existen más de 6 mil empresas "fantasmas" dedicadas a cometer fraudes en el país

Los fraudes cometidos ascienden a más de 74 millones de dólares

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, destacó que según datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), se han identificado al menos 6 mil 500 empresas “fantasmas’’ en el país que han cometido fraudes que ascienden a más de 74 mil millones de dólares, es decir casi 5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Por ello, durante el curso de la semana que inicia, presentará una iniciativa que reforzará los controles normativos para frenar las operaciones financieras de las dependencias y entidades públicas de los tres órdenes de gobierno con las llamadas empresas “fantasmas”.

Ante este panorama, Monreal Ávila propuso modificaciones al Código Fiscal Federal, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

El documento establece la prohibición de celebrar contratos que involucren dinero público con empresas que el SAT haya identificado como entidades irregulares, conocidas como empresas “fantasma”.

Con la iniciativa del también presidente de la Junta de Coordinación Política se amplía el catálogo de sujetos obligados impedidos para celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con empresas.

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Actualmente, la Ley sólo regula las contrataciones realizadas por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. La reforma que se propone incorpora a sus homólogas de las entidades federativas; los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, sus dependencias y entidades, señaló.

Además, dijo Monreal Ávila, de la Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías locales; los poderes Legislativo y Judicial; los organismos constitucionales autónomos; las empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente público sobre el que tenga control alguno de los poderes y órganos públicos.

Las modificaciones legales, explicó, permiten la creación de un padrón único de contratistas y de proveedores “confiables” que tendrán el fin de garantizar la contratación de personas físicas o morales con las capacidades legales, técnicas y administrativas y, al mismo tiempo, podrán prevenir e identificar actos u omisiones irregulares e ilícitas en el marco de los procedimientos de contratación, implementación y ejecución de los contratos respectivos.

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Las personas interesadas en inscribirse en los padrones deberán cumplir ciertos requisitos fundamentales para garantizar que no se traten de organizaciones ficticias o “fantasma”. Se solicita entreguen diversa información específica, entre la que destaca: alta ante la secretaría de Hacienda y Crédito Público, registros ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social y el Infonavit, así como estados financieros auditados y el inventario de maquinaria y equipos disponibles, entre otros, abundó.

El legislador de Morena mencionó que se impulsarán mecanismos de transparencia, ya que la reforma establece que las personas que deseen participar en procedimientos de licitación deberán dar su consentimiento para que el Sistema de Administración Tributaria publique en su página de internet la información de éstas.

Se equipara con el delito de defraudación fiscal la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, destacó.


El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, destacó que según datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), se han identificado al menos 6 mil 500 empresas “fantasmas’’ en el país que han cometido fraudes que ascienden a más de 74 mil millones de dólares, es decir casi 5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Por ello, durante el curso de la semana que inicia, presentará una iniciativa que reforzará los controles normativos para frenar las operaciones financieras de las dependencias y entidades públicas de los tres órdenes de gobierno con las llamadas empresas “fantasmas”.

Ante este panorama, Monreal Ávila propuso modificaciones al Código Fiscal Federal, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

El documento establece la prohibición de celebrar contratos que involucren dinero público con empresas que el SAT haya identificado como entidades irregulares, conocidas como empresas “fantasma”.

Con la iniciativa del también presidente de la Junta de Coordinación Política se amplía el catálogo de sujetos obligados impedidos para celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con empresas.

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Actualmente, la Ley sólo regula las contrataciones realizadas por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. La reforma que se propone incorpora a sus homólogas de las entidades federativas; los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, sus dependencias y entidades, señaló.

Además, dijo Monreal Ávila, de la Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías locales; los poderes Legislativo y Judicial; los organismos constitucionales autónomos; las empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente público sobre el que tenga control alguno de los poderes y órganos públicos.

Las modificaciones legales, explicó, permiten la creación de un padrón único de contratistas y de proveedores “confiables” que tendrán el fin de garantizar la contratación de personas físicas o morales con las capacidades legales, técnicas y administrativas y, al mismo tiempo, podrán prevenir e identificar actos u omisiones irregulares e ilícitas en el marco de los procedimientos de contratación, implementación y ejecución de los contratos respectivos.

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Las personas interesadas en inscribirse en los padrones deberán cumplir ciertos requisitos fundamentales para garantizar que no se traten de organizaciones ficticias o “fantasma”. Se solicita entreguen diversa información específica, entre la que destaca: alta ante la secretaría de Hacienda y Crédito Público, registros ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social y el Infonavit, así como estados financieros auditados y el inventario de maquinaria y equipos disponibles, entre otros, abundó.

El legislador de Morena mencionó que se impulsarán mecanismos de transparencia, ya que la reforma establece que las personas que deseen participar en procedimientos de licitación deberán dar su consentimiento para que el Sistema de Administración Tributaria publique en su página de internet la información de éstas.

Se equipara con el delito de defraudación fiscal la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, destacó.


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