/ martes 7 de julio de 2020

Corte recibe demanda de Jalisco y Colima contra política energética de la 4T

Los gobernadores Enrique Alfaro y José Ignacio Peralta consideran que la política energética del Gobierno restringe la competitividad de las empresas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió las controversia constitucionales promovidas por los gobiernos de Jalisco y Tamaulipas contra los acuerdos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Secretaría de Energía (Sener) que limitan las energías renovables.

En sus demandas, turnadas este martes al ministro Luis María Aguilar para su revisión y posterior admisión, los gobernadores Enrique Alfaro y José Ignacio Peralta, respectivamente, consideran que la política energética del Gobierno de México restringe la competitividad de las empresas generadoras de energía solar y eólica.

“De la lectura de la demanda que da origen a este medio impugnativo se observa que existe conexidad entre la presente controversia constitucional y las diversas 88/2020, 89/2020, 95/2020 y 99/2020, promovidas por el Municipio de Aquiles Serdán, Estado de Chihuahua, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas y Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, respectivamente, dado que en los referidos asuntos se impugnan actos de contenido igual o similar”, señaló la SCJN.

Fue la semana pasada cuando, a petición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Suprema Corte paralizó la política energética de la 4T impulsada desde la Secretaría de Energía por Rocío Nahle. La misma situación se repitió este lunes con la demanda promovida por el gobierno de Tamaulipas.

El ministro Luis María Aguilar concedió dos suspensiones para que se detengan todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiablidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

Posteriormente Nahle anunció a través de sus redes sociales que se interpondría un recurso de reclamación ante la propia Corte con el objetivo de revertir las decisiones del ministro Aguilar Morales, esto fue confirmado un día después por el presidente Andrés Manuel López Obrador.



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La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió las controversia constitucionales promovidas por los gobiernos de Jalisco y Tamaulipas contra los acuerdos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Secretaría de Energía (Sener) que limitan las energías renovables.

En sus demandas, turnadas este martes al ministro Luis María Aguilar para su revisión y posterior admisión, los gobernadores Enrique Alfaro y José Ignacio Peralta, respectivamente, consideran que la política energética del Gobierno de México restringe la competitividad de las empresas generadoras de energía solar y eólica.

“De la lectura de la demanda que da origen a este medio impugnativo se observa que existe conexidad entre la presente controversia constitucional y las diversas 88/2020, 89/2020, 95/2020 y 99/2020, promovidas por el Municipio de Aquiles Serdán, Estado de Chihuahua, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas y Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, respectivamente, dado que en los referidos asuntos se impugnan actos de contenido igual o similar”, señaló la SCJN.

Fue la semana pasada cuando, a petición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Suprema Corte paralizó la política energética de la 4T impulsada desde la Secretaría de Energía por Rocío Nahle. La misma situación se repitió este lunes con la demanda promovida por el gobierno de Tamaulipas.

El ministro Luis María Aguilar concedió dos suspensiones para que se detengan todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiablidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

Posteriormente Nahle anunció a través de sus redes sociales que se interpondría un recurso de reclamación ante la propia Corte con el objetivo de revertir las decisiones del ministro Aguilar Morales, esto fue confirmado un día después por el presidente Andrés Manuel López Obrador.



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