El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) de Acapulco, Enrique Castro Soto, dijo que de los cuatro amparos que se interpusieron contra el cobro “inconstitucional y excesivo” de las licencias de funcionamiento que aplicó el Ayuntamiento de Acapulco, uno ya se resolvió a favor.
Reveló que un juez federal determinó que el gobierno municipal deberá cobrar al propietario de un restaurante, sólo un 15 por ciento de los 60 mil pesos que le fue calificado como pago de la licencia de funcionamiento y tendrá que devolver el resto del recurso.
“Este restaurante no vende bebidas alcohólicas y no tenía que darse este incremento desproporciónal en el cobro excesivo de la licencia de funcionamiento”, señaló.
Recordó que el restaurante, el cuál pidió no revelar su nombre, se amparó porque la Dirección de Reglamentos y Espectáculos del municipio le calificó el pago de su licencia de funcionamiento 2022, en 60 mil pesos y el año pasado pago 4 mil 500 pesos.
“El juez federal resolvió que solamente se le puede aumentar un 15 por ciento y el Ayuntamiento se verá obligado a regresar el resto del recurso a este negocio.
Insistió Castro Soto que el resto del cobro que se le hizo a este restaurante, adherido a la Canirac, por parte de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos es inconstitucional y se le tiene que reintegrar su dinero que se estima más de 50 mil de los 60 mil pesos que pagó.
Confió que el resto de los amparos que están por resolverse vengan en este mismo sentido y pidió al gobierno municipal construir juntos la Ley de Ingresos donde acepte propuestas del sector restaurantero.
Pero ademas, recomendó ampliar su base de contribuyentes para recaudar más recurso para el municipio, pero que no aumenten los impuestos, pues de lo contrario recurrirán a estos instrumentos jurídicos que los defienden.
“Lo mejor es que cobren menos impuestos pero a más contribuyentes, no a los pocos que tienen cautivos y nos están apretando cada vez más”, precisó.
Explicó que un amparo se tarda entre cuatro a seis meses en resolverse y hasta ahorita uno tuvo la sentencia a favor.
Dijo que tiene conocimiento que otras empresas que no pertenecen a la Canirac recurrieron a este elemento Juridico de ampararse por el cobro excesivo de las licencias de funcionamiento.
