Ante la situación de contaminación que existe de la bahía por las descargas de aguas negras y el mal funcionamiento de plantas de tratamiento, el gobierno de Acapulco obligará a empresarios a realizar año con año un estudio de la calidad de las aguas que vierten al subsuelo.
“Estamos en el momento de acuerdo a lo que marca la nueva ley general de asentamientos humanos emitida en noviembre de 2016, esta mandata a los municipios actualizar todos los reglamentos tanto en construcción como en ecología, para que así se pueda someter a todos los empresarios a que en sus negocios como condominios, unidades habitacionales y hoteles a tener una planta para tratar sus aguas residuales”, dijo el titular de Obras Públicas, Armando Javier Salinas.
El funcionario refirió que existen algunos condominios y negocios que por diez o 15 años han estado vertiendo sus aguas sin ser tratadas al 100 por ciento al subsuelo en distintas partes de Acapulco.
Dijo que, así como cada propietario saca una licencia para poder funcionar una empresa o un negocio, a partir del 31 de septiembre ya con una reforma a la ley de construcción, todos estarán obligados a presentar cada año un estudio de la calidad del agua que están vertiendo y de esto dependerá que puedan seguir operando.
Señaló que, en este momento, como no se exige la calidad del agua, las constructoras y los propietarios de la obra en proceso, presentan un proyecto en el que se considera la construcción de una planta de tratamiento moderno que cumple con la norma, pero al final terminan colocando una planta de juguete que no cumple con los requisitos, sobre todo en tiempos de vacaciones donde se saturan por la gran cantidad de usuarios que hay.
Señaló que debido a que no se ha cumplido con la norma ecológica, hay condominios y grandes negocios que desde hace diez o quince años, han estado vertiendo sus aguas que no son tratadas al 100 por ciento al subsuelo, “no son todos los condominios, pero sí una gran mayoría”.
Recaló que será obligatorio tener plantas de tratamiento y el estudio anual del agua, porque sólo así el gobierno estará en condiciones de monitorearlos, cosa que en la actualidad no se hace.
