/ martes 20 de agosto de 2019

Piden sancionar a Ayuntamiento que violan la Ley Anticorrupción

Tan sólo nueve de los 81 han cumplido con la obligación, informó Ignacio Rendón Romero.

El integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, Ignacio Rendón Romero, consideró necesario que la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Auditoría Superior del Estado (ASE), sancione a los más de 70 Ayuntamientos que continúan violando la Ley Anticorrupción.

El también contador público, informó que, alrededor de nueve de los 81 municipios que tiene la entidad, han cumplido con la conformación en su totalidad de sus órganos de control interno de fiscalización, a pesar de que el plazo venció en el mes de septiembre del año 2018, lo cuales incurren en una violación a la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano, y la Ley Anticorrupción.

Sin dar mayores detalles sobre los nombres de los municipios que están incurriendo en la falta, debido a que no contaba con los documentos a la mano cuando fue consultado, Rendón Romero aseguró que ya se han realizado exhortos a los municipios, por lo que es necesaria una sanción.

“El exhorto está en puerta, la invitación está en puerta, yo creo que aquí la contraloría del estado y la auditoría del estado tienen que sancionar ya esa irregularidad y no podemos esperar más. Sanción puede ser administrativa a través de un exhorto, pero por escrito a cada uno de ellos”, dijo.

Rendón Romero destacó que es responsabilidad de la totalidad de los integrantes del cabildo la creación de dicha área, en especial, del presidente municipal en turno, por lo que la Ase y la Contraloría podría sancionar de manera administrativa a todos.

Cabe mencionar que, hasta el mes de mayo del año en curso, el Comité había informado que solo ocho municipios habían cumplido con la disposición, entre los que se encuentran Chilpancingo, Cocula, Xochistlahuaca, San Marcos, Coyuca de Beníntez, Ajuchitlán del Progreso, Huitzuco y Huamuxtitlán, y el pasado mes de junio, el cabildo de Acapulco designó al titular de dicho órgano, después de seis meses de retraso.

El integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, Ignacio Rendón Romero, consideró necesario que la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Auditoría Superior del Estado (ASE), sancione a los más de 70 Ayuntamientos que continúan violando la Ley Anticorrupción.

El también contador público, informó que, alrededor de nueve de los 81 municipios que tiene la entidad, han cumplido con la conformación en su totalidad de sus órganos de control interno de fiscalización, a pesar de que el plazo venció en el mes de septiembre del año 2018, lo cuales incurren en una violación a la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano, y la Ley Anticorrupción.

Sin dar mayores detalles sobre los nombres de los municipios que están incurriendo en la falta, debido a que no contaba con los documentos a la mano cuando fue consultado, Rendón Romero aseguró que ya se han realizado exhortos a los municipios, por lo que es necesaria una sanción.

“El exhorto está en puerta, la invitación está en puerta, yo creo que aquí la contraloría del estado y la auditoría del estado tienen que sancionar ya esa irregularidad y no podemos esperar más. Sanción puede ser administrativa a través de un exhorto, pero por escrito a cada uno de ellos”, dijo.

Rendón Romero destacó que es responsabilidad de la totalidad de los integrantes del cabildo la creación de dicha área, en especial, del presidente municipal en turno, por lo que la Ase y la Contraloría podría sancionar de manera administrativa a todos.

Cabe mencionar que, hasta el mes de mayo del año en curso, el Comité había informado que solo ocho municipios habían cumplido con la disposición, entre los que se encuentran Chilpancingo, Cocula, Xochistlahuaca, San Marcos, Coyuca de Beníntez, Ajuchitlán del Progreso, Huitzuco y Huamuxtitlán, y el pasado mes de junio, el cabildo de Acapulco designó al titular de dicho órgano, después de seis meses de retraso.

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