CHILPANCINGO, Gro.- Tres ex trabajadores de Prospera fueron detenidos por la PGR y enviados ante un juez en el puerto de Acapulco, para que respondan por la toma del edificio de Prospera que se realizó en enero del 2017, cuando reclamaban ser reinstalados, con ellos se cumplieron cinco de las siete órdenes de aprehensión que se liberaron.

Cabe señalar que los ex trabajadores se presentaron ante la PGR y solicitaron ser detenidos a fin de que la orden de aprehensión se ejecutara sin ningún tipo de violencia o se espantara a sus familiares, de esta forma se esperaba que por la noche obtuvieran su libertad con una condena a realizar trabajo comunitario.

Los ex trabajadores detenidos son Arturo de la O Nava, Mayra Morales Sánchez y Rubén García García, quienes se entregaron en la delegación de la PGR alrededor de las nueve de la mañana y a las cinco de la tarde fueron trasladados al puerto de Acapulco, y en este proceso estarían acompañados de abogados de la UAGro.

"Nosotros no robamos, no asesinamos a nadie, realizamos una manifestación exigiendo un derecho en el que nos asiste la razón, pero sólo tenemos represalias mientras que el asunto laboral no avanza", comentó Mayra Morales antes de entregarse a la PGR.

Los tres ex trabajadores fueron despedidos al finalizar el año 2016 y no les dieron las prestaciones que por ley les corresponde, es decir, una liquidación e indemnización justas a pesar de tener hasta 16 años de servicio.

Reveló que el juicio laboral que iniciaron en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ha tenido varias audiencias, sin embargo, no ha llegado al grado de laudo para obligar a los responsables del programa que paguen las indemnizaciones correspondientes y que se les reinstale en su trabajo.

Destacó que fueron más de 15 años trabajando para la dependencia y a pesar de eso, cuando fueron despedidos, no les pagaron una liquidación conforme a lo que marca la ley, pues les argumentaron que por encontrarse bajo un régimen de pago por recibo de honorarios no tiene derecho a nada.

En su momento realizaron manifestaciones y tomaron las oficinas del programa, lograron que su caso se visibilizara y se despidieron algunos funcionarios, incluido el delegado, sin embargo, no tuvieron respuesta a su exigencia del pago de una liquidación conforme a lo que establece la ley, "solo nos enviaron un mensaje diciéndonos que ya no nos presentáramos a trabajar, pues ni siquiera tuvieron la cortesía de llamarnos para darnos la noticia de que estábamos despedidos".