A más de siete años de que las tormentas Ingrid y Manuel azotaron el estado de Guerrero, 71 familias del municipio de Coyuca de Benítez lograron que la Comisión nacional de los Derechos Humanos emitiera una recomendación a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que les dote de una vivienda digna que sustituya a las que se llevó el río y a las que fueron mal construidas en los años siguientes.
De acuerdo con la recomendación 89/2020, emitida el 16 de diciembre pasado, las revisiones que la CNDH realizó en la colonia "El Patenco", de Coyuca de Benítez, permitieron corroborar que las 71 viviendas que se construyeron para reubicar a igual número de familias damnificadas se levantaron en una zona inundable y es imposible de mitigar el riesgo.
También se detectó que no cuentan con los servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y drenaje, esto a pesar de que existen obras para proporcionar estos servicios que no se han puesto en operación a pesar de los años.
En lo que respecto al agua potable, el municipio ha establecido que se requiere que las familias tengan escrituras para poder hacerles los contratos y brindarles el agua que se llevaría desde pozos, para la energía eléctrica se colocó cableado subterráneo y el quipo de transformadores, sin embargo no se darán contratos hasta que cada familia tenga su escritura.
Para el servicio de drenaje se necesita poner en funcionamiento de un biodigestor que se construyó pero la empresa no les informó de qué manera se opera.
BENEFICIARIOS CAMBIADOS
La CNDH encontró que el proceso de construcción de las viviendas fue sumamente irregular al grado que se tuvo que cambiar tres veces de empresas pro incumplimientos diversos y una vez que las habitaciones estuvieron completas, se modificó la lista de beneficiarios y las casas s entregaron a personas diferentes a las que inicialmente estaban enlistadas como beneficiarios, incluso se argumentó que nueve de los damnificados originales no fueron localizados.
Una vez que la Sedatu acepte la recomendación de la CNDH se tendría que iniciar un proceso para demoler las 71 viviendas que actualmente se encuentran asentadas en un punto de alto riesgo de inundación por ser un punto de convergencia entre los ríos Las Hamacas y Las Compuertas, además de que este punto ya tuvo incidentes de inundación en el 2015.
Una vez retiradas completamente las viviendas se debe reutilizar todos los accesorios que sea posible, y llevarlos a una nueva construcción que se debe hacer en una zona que no represente ningún riesgo para los pobladores.
Adicionalmente a la demolición y reconstrucción de las viviendas, las 71 familias deben ser incluidos en el padrón de víctimas de violaciones a los derechos humanos y ofrecerles reparación integral de otras afectaciones que pudieran haber tenido como daño psicológico económico y material.
