Tras coincidir que el alcalde con licencia de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, al declarar que hay una disputa por el cultivo y trasiego de amapola en el estado, es sólo para buscar notoriedad, dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Movimiento Ciudadano (MC), le reprocharon el por qué no lo denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) estando en funciones.
En primer término, el delegado nacional de MC en Guerrero, Adrián Wences Carrasco lamentó que Leyva Mena, ahora declare que hay una disputa entre 19 grupos criminales que han dejado una estela de muertes y desaparecidos, cuando estando en funciones guardó silenció y ahora que el Congreso le ha impedido regresar a ocupar su cargo, hace ruido para llamar la atención y no se vale.
Dijo que está de acuerdo que busque nuevamente ocupar su cargo de presidente municipal, pero consideró que aquí lo reprobable es que aborde un tema muy delicado, “yo creo que hubiera presentado pruebas y acudir al Ministerio Público de la Federación, pero no sólo porque le impiden regresar a la alcaldía, sino porque se trata de un tema que no es nuevo”.
Por su parte, el secretario general del Comité estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Orozco Guadarrama criticó la tardía reacción del alcalde con licencia de la capital del estado, Leyva Mena, pues no sólo se trata del problema del narcotráfico, sino también de delitos como la extorsión, cobro por derecho de piso y el secuestro.
“Estos delitos se dan en las zonas en donde no hay cultivo de amapola, por lo que aquí se debiera de aplicar políticas públicas que permitan resarcir el tejido social y que genere fuentes de empleos, porque mientras los jóvenes no se les ofrezca oportunidades serán presa fácil de los grupos delictivos”, dijo.
Sobre el reclamo que hace de regresar a la alcaldía, consideró que el Congreso local tiene que respetar la ley, consideró que al no hacerlo está incurriendo en desacato y Leyva Mena, está en su derecho de pedir que el caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sería delicado para el Poder Legislativo.
