Miembros de las cinco casas de justicia de la CRAC se manifestarán este martes en el Congreso del Estado para repudiar el proceso de consulta viciado de origen que pretende realizar el poder legislativo para cumplir con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los obliga a consultar a los pueblos en torno a la reforma de la ley 701 que se hizo en el año 2018 y que fue revertida por un juicio de inconstitucionalidad.
Los miembros de las casas de justicia que opera la Coordinadora de Autoridades Comunitarias, instalarán un plantón en las puertas del Congreso y fijarán una postura en la que se demanda que se cumpla cabalmente con las fases de la consulta que estableció la corte y debe realizarse antes del 14 de abril.
De acuerdo con información que ha difundido el Congreso del Estado, el pasado domingo 20 de marzo se completó la fase de preconsulta, lo que significa que el Congreso ya acudió a todas y cada una de las comunidades indígenas y afromexicanas a preguntarles si desean participar en la consulta.
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En su resolución de abril del 2020, la Suprema Corte estableció que las reformas realizadas a la Ley 701 sobre el Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas en el estado y la creación de la ley 777 de seguridad pública del estado, afectan de manera directa los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del estado, debido a que no existió una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.
Por ello se revirtieron esas reformas y se mandató realizar la consulta en un plazo no mayor a un año contado a partir de que la resolución se publicara en el diario oficial de la federación que ocurrió el 14 de abril del 2021.
El Congreso del Estado no previó los tiempos para realizar la consulta a la que está obligado y en dos ocasiones solicitó a la Corte que se ampliara el tiempo para la consulta pero esto le fue negado y ahora a marchas forzadas está haciendo los trabajos a que los obliga la resolución judicial, lo que incluso se prevé que pueda resultar en un desacato.
De acuerdo con un comunicado de Tlachinollan, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) elaboró, de manera unilateral y excluyente, el “protocolo para desarrollar de manera libre, previa, informada, de buena fe, el proceso de consulta para poder crear, reformar, adicionar o derogar las leyes que impacten en la esfera de derechos a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos”.
“Se trata de un documento que desconocen las mismas comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, sin embargo, los diputados y diputadas han convocado a reuniones para decidir cómo van a aplicarlo. Con esta manera de proceder queda claro que las diputadas y diputados no han entendido el contenido de las resoluciones del máximo tribunal de la nación, El principio fundamental que debe guiar cualquier acción relacionada con los pueblos indígenas y afromexicanos tiene que fundarse en el diálogo intercultural”.
El protocolo aprobado por la Jucopo el pasado 15 de febrero contraviene los principios internacionales del derecho a la consulta, porque toma determinaciones a partir de su propio marco jurídico, sin considerar los sistemas normativos de los pueblos indígenas, que también es un marco normativo reconocido constitucionalmente, por ello las casas de Justicia de la CRAC que es la organización indígena de mayor presencia en Guerrero iniciará este martes una exigencia de que se deje de simular la consulta.
