Al condenar en tribuna el asesinato de la ex candidata a diputada local por la “Coalición Juntos Haremos Historia”, Bertha Silva Díaz, ocurrido en Chilapa de Álvarez el pasado 9 de agosto, el diputado local Arturo Martínez Núñez, demandó una investigación a fondo de este crimen y consideró que sin la procuración de justicia, las acciones que realice la Guardia Nacional no vendrá a solucionar los problemas de inseguridad que no atiendan las autoridades locales.
Durante la sesión de la Comisión Permanente del Poder Legislativo, Martínez Núñez pidió a sus compañeros legisladores, un minuto de silencio “en memoria de la compañera Bertha”, quien era maestra de profesión en aquel municipio de la Montaña Baja de Guerrero.
En su discurso, el legislador consideró que “no se puede seguir en la dinámica de la contemplación del comportamiento de la incidencia delictiva en el estado” y señaló que observa con “enorme preocupación el tema de la inseguridad pública que vivimos –desde hace algún tiempo- permanentemente en todo el territorio estatal”.
El integrante de la Sexagésima Segunda Legislatura recordó que en Chilapa, en 2017, debido a la violencia feminicida, se declaró Alerta de Violencia de Género y mencionó que al caso de Bertha Silva se suman “de otras dos candidatas en el mismo Distrito: Antonia Jaimes Moctezuma, candidata del PRD y, Dulce Rebaja Pedro, candidata por el Partido Revolucionario Institucional”. “Su muerte no puede verse con la simpleza de señalarlo como un caso aislado, producto de la violencia común”.
Expresó que este hecho se inscribe en “una región violentada permanentemente por la presencia de organizaciones delictivas que han generado no solo un clima de zozobra y muerte, sino también el desplazamiento forzado de incontables familias de sus propias comunidades”.
Ante la problemática de inseguridad, Arturo Martínez, dijo que se tiene en frente “la inexistencia de una estrategia de atención a la inseguridad en el estado. Y tengo que ser reiterativo: “no se trata de buscar culpables, sino de delimitar responsabilidades”. No se puede seguir en la dinámica de la contemplación del comportamiento de la incidencia delictiva en el estado, viendo mes a mes como suben o bajan las estadísticas”.
Abundó que se requiere “evaluar si las acciones de los tres órdenes de gobierno han tenido impacto en el desmantelamiento de las estructuras delictivas: el tráfico de armas; los mecanismos y procedimientos de lavado de dinero; la producción, procesamiento y transporte de estupefacientes; estructuras de extorsión, tráfico y trata de personas, vinculadas a la prostitución y tráfico de órganos; combate a la corrupción; fortalecimiento de las instancias y cuerpos policiales; etc”.
Señaló que en la pasada comparecencia de los presidentes municipales ante Comisiones Unidas, se dio cuenta de la inexistencia de una estrategia de vinculación o coordinación entre sí y con los otros órdenes de gobierno; la ausencia –incluso- de criterios homogéneos en la problematización de la violencia y la propia inseguridad pública; y la falta de una orientación homologada del gasto ante la precariedad de los recursos financieros que denote la construcción de una política pública coordinada, entre otros aspectos no menos importantes.
Consideró que se sin la procuración de justicia de nada servirán los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno si la impunidad prevalece como garantía y protección de la delincuencia. “Es urgente y de ineludible urgencia revisar el papel y el desempeño de la procuración de justicia en el estado; incluso, la revisión de su marco legal y la estructuración de sus funciones y facultades”.
Abundó que no se puede dejar de exigir a las instancias responsables la investigación a fondo y el esclarecimiento del asesinato de la ex candidata y estimó que “la política de seguridad pública debe ser una política de estado, no una política de partidos, ni una política de coyunturas, ni de circunstancias temporales”, ya que “no será la Guardia Nacional quien venga a solucionar por sí misma esta problemática”; “lo que no hagamos los gobiernos locales, no lo va a venir a solucionar ninguna Guardia Nacional”.
