La diputada priista Julieta Fernández Márquez insistió en su postura en contra de la despenalización del aborto, luego de que durante la Sesión del pasado miércoles, la bancada de Morena presentara un decreto para reformar los artículos 154, 155, 156, 157, 158 y 159 del Código Penal del Estado de Guerrero a fin de poder despenalizar la interrupción del embarazo.
Entrevistada vía telefónica Fernández Márquez lamentó que se le dé mayor importancia a un tema que lastima a muchas mujeres, cuando se tiene en la actual legislatura un rezago importante en temas verdaderamente prioritarios y que urgen ser atendidos.
"El aborto nunca será legal porque viola el derecho a la vida, que es el derecho más importante reconocido por el derecho internacional y establecido en los tratados internacionales que México, ha firmado como país y por lo mismo está reconocido en nuestra Constitución", sentenció Julieta Fernández.
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Destacó que el practicar el aborto nunca será seguro toda vez que no es un procedimiento natural, sino que es provocado por la ingesta de medicamentos, generando contracciones y sangrados hasta el desprendimiento y la evacuación del no nacido.
Asimismo advirtió las consecuencias de las que no se informan a la ciudadanía, como son: depresión, insomnio, deseo de suicidio, placenta previa en el siguiente embarazo, infertilidad y hemorragias.
Advirtió que dicha reforma es mentirosa ya que recibe argumentos jurídicos bajo el lema de que ninguna mujer será criminalizada por abortar, pero que ello no está apegada a la realidad, porque según el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en julio de 2021, ninguna mujer en Guerrero se encontraba sentenciada por aborto.
La diputada local señaló que la reforma al Código Penal, está abriendo el camino a los llamados derechos “progresivos”, para aprobar abortos antes y después de las doce semanas, poniendo en riesgo la vida de las mujeres, con el argumento de que aquellas mujeres que aborten después de las doce semanas, solo serán acreedoras a medidas educativas y de salud.
"La Ley debería procurar el bien común de las mujeres y no ponerlas en riesgo", finalizó.
