/ jueves 25 de febrero de 2021

Gastó Guerrero casi 4 veces su presupuesto

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) detectó que el gobierno estatal incurrió en una mala planeación presupuestal en el 2020, lo que incrementó injustificadamente el gasto administrativo

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) detectó que el gobierno del estado de Guerrero gastó casi cuatro veces más de lo que presupuesto originalmente, incurriendo en una mala planeación presupuestal que se traduce en incrementos injustificados del gasto administrativo.

De acuerdo al informe estatal del ejercicio del gasto (IEEG) 2020, analizó las principales partidas y variaciones del gasto público de los 32 poderes ejecutivos de los estados, en los que descubrió que las entidades no gastan de manera responsable, presupuestan un monto y gastan de forma distinta.

Según este mismo informe, en el 2019, 21 entidades redujeron ligeramente su gasto en sueldos y servicios personales de funcionarios públicos en relación con los montos originalmente autorizados.

En el caso del estado de Guerrero, gasto casi cuatro veces más de lo que presupuesto originalmente, de acuerdo al análisis que se realizó durante este periodo.

Según este informe, este estado suriano gastó 66, 292 millones pesos en el 2019, de estos el 10 por ciento lo ejerció en servicios personales que representó el 10.7 por ciento entre el aprobado y el ejercido.

En lo que respecta a materiales y suministros, ejerció 561 millones de pesos; mientras que en servicios generales el monto fue por 1,659 millones de pesos.

Estos indicadores revelan que prácticamente más de la mitad de los ejecutivos estatales gastaron más de lo aprobado para gasto burocrático: 20 entidades gastaron más de lo que dijeron que iban a gastar y 13 de ellas tuvieron variaciones superiores al 10 por ciento en 2019.

Por lo que IMCO propone para reducir la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos, establecer controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales que limiten el aumento desproporcionado de su gasto administrativo.

Además, sugiere que si un gobierno estatal requiere modificar su gasto para alguna partida en más del 15 por ciento, debe tener la aprobación del Congreso local y cumplir con su función de contrapeso.




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El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) detectó que el gobierno del estado de Guerrero gastó casi cuatro veces más de lo que presupuesto originalmente, incurriendo en una mala planeación presupuestal que se traduce en incrementos injustificados del gasto administrativo.

De acuerdo al informe estatal del ejercicio del gasto (IEEG) 2020, analizó las principales partidas y variaciones del gasto público de los 32 poderes ejecutivos de los estados, en los que descubrió que las entidades no gastan de manera responsable, presupuestan un monto y gastan de forma distinta.

Según este mismo informe, en el 2019, 21 entidades redujeron ligeramente su gasto en sueldos y servicios personales de funcionarios públicos en relación con los montos originalmente autorizados.

En el caso del estado de Guerrero, gasto casi cuatro veces más de lo que presupuesto originalmente, de acuerdo al análisis que se realizó durante este periodo.

Según este informe, este estado suriano gastó 66, 292 millones pesos en el 2019, de estos el 10 por ciento lo ejerció en servicios personales que representó el 10.7 por ciento entre el aprobado y el ejercido.

En lo que respecta a materiales y suministros, ejerció 561 millones de pesos; mientras que en servicios generales el monto fue por 1,659 millones de pesos.

Estos indicadores revelan que prácticamente más de la mitad de los ejecutivos estatales gastaron más de lo aprobado para gasto burocrático: 20 entidades gastaron más de lo que dijeron que iban a gastar y 13 de ellas tuvieron variaciones superiores al 10 por ciento en 2019.

Por lo que IMCO propone para reducir la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos, establecer controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales que limiten el aumento desproporcionado de su gasto administrativo.

Además, sugiere que si un gobierno estatal requiere modificar su gasto para alguna partida en más del 15 por ciento, debe tener la aprobación del Congreso local y cumplir con su función de contrapeso.




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