/ sábado 3 de agosto de 2024

Exigen a la FGR atraer caso de víctimas de la Guerra Sucia

En septiembre del 2023 se realizó la exhumación de los restos humanos que fueron sepultados en campos de maíz

Familiares de siete personas que fueron asesinados de manera extrajudicial por elementos del Ejército Mexicano en la década de 1970 y sus restos enterrados en campos de maíz de la sierra del municipio de Ajuchitlán del Progreso, demandaron que la investigación del caso la atraiga la Fiscalía General de la República y se agilicen el proceso para que las víctimas tengan justicia.

De acuerdo con el dirigente del colectivo de víctimas de la Guerra Sucia, Octaviano Gervacio Santiago, en septiembre del 2023 se realizó la exhumación de los restos humanos que fueron sepultados en campos de maíz, mismo que se logró saber donde se encontraban por testimonios de sobrevivientes de las agresiones militares.

Lea también: Rechaza FGR presunta evidencia de víctimas de la Guerra sucia

De las siete víctimas que se recuperaron cinco han sido identificadas por los perfiles genéticos, mientras que en dos casos el ADN no ha podido revelar la identidad debido a que el fertilizante que se utilizó en la siembra del maíz ha dificultado el proceso.

“La Fiscalía de Guerrero no tuvo capacidad de identificar ninguno de los cadáveres y fue necesario que la Fiscalía del Estado de México les ayudara con eso”.

Debido a la inacción de la Fiscalía Guerrerense, los familiares de las víctimas han iniciado un proceso para demandar que el caso sea atraído por la Fiscalía Federal amparado en la ley general en materia de desaparición forzada que establece que cuando existan indicios de que la desaparición se cometió por una autoridad federal, el caso lo debe investigar la FGR.

Los familiares de las víctimas de la llamada Guerra Sucia exigieron la entrega de los cuerpos para que finalmente se les pueda dar una sepultura formal y se inicie también el proceso de exigencia de reparación de daños conforme a lo que establece la propia ley.

Joel Hernández Rojas uno de los familiares de las víctimas, expresó que ha sido un proceso largo, de más de casi medio siglo para poder lograr que el gobierno realizara las diligencias para desenterrar los cuerpos que fueron sepultados en la clandestinidad luego de que el Ejército los masacrara de manera sumaria por considerar que eran apoyo de Guerrilleros.

Familiares de siete personas que fueron asesinados de manera extrajudicial por elementos del Ejército Mexicano en la década de 1970 y sus restos enterrados en campos de maíz de la sierra del municipio de Ajuchitlán del Progreso, demandaron que la investigación del caso la atraiga la Fiscalía General de la República y se agilicen el proceso para que las víctimas tengan justicia.

De acuerdo con el dirigente del colectivo de víctimas de la Guerra Sucia, Octaviano Gervacio Santiago, en septiembre del 2023 se realizó la exhumación de los restos humanos que fueron sepultados en campos de maíz, mismo que se logró saber donde se encontraban por testimonios de sobrevivientes de las agresiones militares.

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De las siete víctimas que se recuperaron cinco han sido identificadas por los perfiles genéticos, mientras que en dos casos el ADN no ha podido revelar la identidad debido a que el fertilizante que se utilizó en la siembra del maíz ha dificultado el proceso.

“La Fiscalía de Guerrero no tuvo capacidad de identificar ninguno de los cadáveres y fue necesario que la Fiscalía del Estado de México les ayudara con eso”.

Debido a la inacción de la Fiscalía Guerrerense, los familiares de las víctimas han iniciado un proceso para demandar que el caso sea atraído por la Fiscalía Federal amparado en la ley general en materia de desaparición forzada que establece que cuando existan indicios de que la desaparición se cometió por una autoridad federal, el caso lo debe investigar la FGR.

Los familiares de las víctimas de la llamada Guerra Sucia exigieron la entrega de los cuerpos para que finalmente se les pueda dar una sepultura formal y se inicie también el proceso de exigencia de reparación de daños conforme a lo que establece la propia ley.

Joel Hernández Rojas uno de los familiares de las víctimas, expresó que ha sido un proceso largo, de más de casi medio siglo para poder lograr que el gobierno realizara las diligencias para desenterrar los cuerpos que fueron sepultados en la clandestinidad luego de que el Ejército los masacrara de manera sumaria por considerar que eran apoyo de Guerrilleros.

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