Un total de once elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal tienen que ser reinstalados en sus actividades como policías del estado luego de ganar laudos en un proceso legal que duró más de 7 años y además se les tiene que pagar los salarios caídos del tiempo que duró el juicio que se especula será de alrededor de tres millones para cada uniformado.
En el 2017 los policías se inconformaron por una decisión unilateral del entonces titular de la dependencia Pedro Almazán Cervantes, quien decidió duplicar las jornadas de trabajo y mantener los descansos sin moverse, en ese momento trabajaban 24 horas de servicio por 24 de descanso, y se les impuso 48 horas de servicio por 24 de descanso.
Los policías llamaron a sus compañeros a una reunión en el cuartel central de la corporación para que ahí se tomara una decisión de cómo actuar ante lo que consideraron un abuso por parte del mando, que establecía una jornada fuera de todo estándar.
Lee también: Bloquean y marchan trabajadores por supuesto despido injustificado
Como consecuencia de la reunión 167 policías fueron dados de baja, la mayoría inició procesos de demanda en tribunales sin embargo conforme fueron pasando los años muchos aceptaron sus indemnizaciones.
Al paso de 7 años, tribunales federales otorgaron amparos y resolvieron de manera favorable para los ex policías que ahora tendrán que ser indemnizados con el recurso que les correspondía haber recibido estos años si estuvieran en servicio, también se les debe reinstalar y reconocer los años de antigüedad.
El principal argumento por el que los policías ganaron el laudo es porque al momento de su despido no se realizó el proceso administrativo correspondiente, sólo de manera arbitraria y por decisión unilateral el secretario los despidió, cuando la ley prevé que para dar de baja a un elemento por causa justificada el caso se tiene que discutir en el consejo de honor y justicia de la propia Secretaría de Seguridad.
En este proceso los uniformados tienen que ser notificados con tiempo necesario y se les debe garantizar el derecho a una defensa legal por lo que se les acuse, todo eso no se realizó y dejó a los policías en estado de indefensión y en una situación vulnerable sin salario.
Los once policías se encuentran en dos expedientes, en una primera sentencia, la 5582017, cuatro agentes fueron reinstalados y en febrero pasado se emitió la segunda sentencia, la 6092017, a favor del resto, informó José Muñoz Franco, uno de los ex policías afectados.
