Con el propósito de que las instituciones educativas privadas escolarizadas y semiescolarizadas, disminuyan de manera justa, leal y equilibrada los costos de las colegiaturas, en estos tiempos de la pandemia por el Covid-19, el Congreso de Guerrero hizo un exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que implemente acciones de verificación y vigilancia.
Fue el presidente de la Comisión Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura del estado, diputado Alberto Catalán Bastida, quien, en su exposición de motivos, explicó que debido a la crisis sanitaria se tuvo que cerrar los negocios y paralizar la actividad económica, lo que derivo en despido de trabajadores y colocará al borde de la quiebra a muchos comercios.
Ante este panorama, consideró que, en este ciclo escolar 2020-2021, los padres de familia que busquen inscribir a sus hijos a instituciones educativas privadas escolarizadas y semiescolarizadas, se debe de ajustar el costo de inscripción y reinscripción, de tal suerte que los jóvenes no se queden sin acceder a sus instalaciones.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Catalán Bastada, explicó que, hasta en tanto subsista la prohibición de regresar a clases presenciales, los propietarios de las escuelas privadas tienen que considerar modificar sus costos, en virtud de que no se hará uso de sus instalaciones y esto les significará un ahorro por consumo de energía eléctrica y agua.
Por ello, hizo un exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que implemente acciones de verificación y vigilancia, a las 700 escuelas privadas que existen en el estado, a efecto de que no incurran en abusos y se solidaricen con la economía de los padres de familia.
Sin embargo, la propuesta no fue aprobada como obvia y urgente resolución, por parte de los integrantes de las otras fracciones parlamentarias y fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología para ser analizada y dictaminada.
