Tras puntualizar que el Congreso del Estado, no será pasivo ante actos que estén fuera del margen de la ley, el presidente de la Comisión Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura, Alberto Catalán Bastida, condenó los hechos violentos perpetrados por estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en detrimento de las instalaciones del Palacio Legislativo.
Por lo que confirmó que, por las afectaciones y daños sufridos al recinto legislativo el 17 de julio, se dio parte al Ministerio Público, para que, con intervención de peritos especializados, se hicieran los dictámenes de daños correspondientes, y con el acta notarial levantada ese mismo día, se presentaran las denuncias correspondientes contra quienes resulten responsables.
La Sesenta y Dos Legislatura del Estado, no se encuentra del lado incorrecto de la historia, no somos adversarios de los normalistas, ni de ningún movimiento social, este asunto está en manos del Gobierno Federal.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Catalán Bastida, dijo, que era preciso aclarar que el Congreso del Estado de Guerrero, no es parte del proceso de investigación, ni tampoco es autoridad responsable de la impartición de justicia en relación a la lamentable desaparición de los 43 normalistas los pasados 26 y 27 de septiembre del año 2014 en Iguala.
Las diputadas y diputados, hemos demostrado disposición al diálogo y nos hemos solidarizado con sus movimientos de reclamo y exigencia de justicia, incluso en un hecho inédito, aprobamos un Acuerdo Parlamentario con el que se abrió la tribuna en una sesión para escuchar las voces de padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, esto en el marco del quinto aniversario de los hechos de Iguala, la cual tuvo lugar en la sesión pública ordinaria del pasado 8 de octubre del 2019, dijo.
Afirmó, que siempre han manifestado su apoyo y colaboración con los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos; “acompañamos su dolor e incertidumbre ante estos hechos tan lamentables”.
Pero no es a través del ejercicio de la violencia, ni de actos de vandalismo a los bienes públicos como se legitima un reclamo de justicia, rubricó.
