El auditor Superior del Estado, Alfonso Damián Peralta, compareció durante cuatro horas ante la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE) del Congreso de Guerrero, donde se abordó el tema de los problemas financieros por los que atraviesan los organismos operadores de agua potable en Acapulco, Chilpancingo y otros municipios de la entidad, debido al quebranto financiero que enfrentan.
El encuentro, a puerta cerrada, se realizó en la sala Armando Chavarría, y al finalizar el encuentro, durante un encuentro con medios de comunicación, se informó que será hasta mayo cuando la ASE emita su resolución de los presuntos desfalcos financieros de las pasadas administraciones.
Del caso CAPAMA, se tienen 138 millones 919 mil 607 pesos observados y de Capach, 3 millones de pesos se informó al concluir la encerrona, tras la cual, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política Antonio Helguera, hizo entrega al auditor de la Cuenta Pública 2018 del Congreso local.
El presidente de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE) del Congreso de Guerrero, Jesús Villanueva Vega, fue el único legislador de la citada comisión, en la que también se encuentra la legisladora Perla Edith Martínez Ríos, esposa del ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, cuyo ejercicio en la CAPAMA está siendo observado, consideró que el encuentro fue propositivo.
Por su parte, el Damián Peralta, ratificó que se tienen 23 denuncias penales por irregularidades de los trienios 2015-2018, sin embargo, no abundó detalles al respecto.
En Acapulco, la alcaldesa Adela Román Ocampo, externó su inconformidad por la lentitud en que la ASE se ha desempeñado para sancionar a ex funcionarios que se vieron implicados en presuntas irregularidades financieras que mantienen a la CAPAMA con problemas económicos y deudas.
Antes de esta comparecencia, el auditor había informado el 11 de marco que se tienen avances en los procesos de fiscalización de CAPAMA correspondientes al ejercicio fiscal 2016, 2017 y 2018, donde se tiene un procedimiento resarcitorio en contra del ex director Javier Chona Gutiérrez, del ex director de administración y finanzas Guillermo Adolfo Galeana Salas y de Juan Antonio Ramírez Valle ex director de operación, pertenecientes al gobierno de Velázquez Aguirre en el puerto.
