/ miércoles 10 de julio de 2024

Cetegistas piden a Derechos Humanos ayuda para resolver problemas escolares

Los docentes explicaron que se trata de problemas escolares que se han generado por los directivos de escuelas que cometen actos de acoso o desvían recursos

Maestros de diversas escuelas de la zona centro del Estado presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero recursos de queja para solicitar a esta institución intervenir para evitar que se vulneren los derechos de los trabajadores y de los niños que reciben educación.

Encabezados por el maestro Miguel Ramírez Marín quien es parte de la fracción de la CETEG conocida como Dirección Colectiva, los docentes explicaron que se trata de problemas escolares que se han generado por los directivos de escuelas que cometen actos de acoso o desvían recursos destinados a la educación.

Lea también: Cetis 116 en malas condiciones; maestros exigen su reconstrucción

Entre los casos que presentaron se encuentra el del Cendi número 4 en el que los trabajadores han realizado paros de labores debido al acoso de los directivos y a que las autoridades no han concluido una auditoría integral.

En la secundaria Raymundo Abarca Alarcón se tiene problemas por malversar los recursos de la institución y en la Secundaria Wilfrido Massieu, donde la responsable de la dirección desvío el dinero del programa escuelas de Calidad. En estás dos escuelas se realizaron auditorías pero ocultan los resultados.

Otro de los conflictos en los que se demanda la intervención de la comisión de Derechos Humanos es en la zona escolar 08 que tiene cabecera en Tixtla y en el que se demanda revisar el actual que ha tenido el supervisor de este lugar.

Así mismo denunciaron la agresión por parte del director del área jurídica de la SEG que agredió de manera verbal a la también integrante de la dirección colectiva Antonia Morales.

Explicaron que pedir la intervención de Derechos Humanos conlleva a que estos temas sean atendidos en mesas de trabajo con las autoridades competentes y se les dé una respuesta adecuada.

Señalaron que hay directivos que por su actuar tendrían que ser cesados laboralmente o incluso procesados penalmente porque las irregularidades implican desvío de recursos o violaciones a los Derechos Humanos.



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Maestros de diversas escuelas de la zona centro del Estado presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero recursos de queja para solicitar a esta institución intervenir para evitar que se vulneren los derechos de los trabajadores y de los niños que reciben educación.

Encabezados por el maestro Miguel Ramírez Marín quien es parte de la fracción de la CETEG conocida como Dirección Colectiva, los docentes explicaron que se trata de problemas escolares que se han generado por los directivos de escuelas que cometen actos de acoso o desvían recursos destinados a la educación.

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Entre los casos que presentaron se encuentra el del Cendi número 4 en el que los trabajadores han realizado paros de labores debido al acoso de los directivos y a que las autoridades no han concluido una auditoría integral.

En la secundaria Raymundo Abarca Alarcón se tiene problemas por malversar los recursos de la institución y en la Secundaria Wilfrido Massieu, donde la responsable de la dirección desvío el dinero del programa escuelas de Calidad. En estás dos escuelas se realizaron auditorías pero ocultan los resultados.

Otro de los conflictos en los que se demanda la intervención de la comisión de Derechos Humanos es en la zona escolar 08 que tiene cabecera en Tixtla y en el que se demanda revisar el actual que ha tenido el supervisor de este lugar.

Así mismo denunciaron la agresión por parte del director del área jurídica de la SEG que agredió de manera verbal a la también integrante de la dirección colectiva Antonia Morales.

Explicaron que pedir la intervención de Derechos Humanos conlleva a que estos temas sean atendidos en mesas de trabajo con las autoridades competentes y se les dé una respuesta adecuada.

Señalaron que hay directivos que por su actuar tendrían que ser cesados laboralmente o incluso procesados penalmente porque las irregularidades implican desvío de recursos o violaciones a los Derechos Humanos.



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