/ lunes 29 de octubre de 2018

Atienden 15 casos de riesgo en Protección a Periodistas

Se han apoyado a 7 de ellos para cambiar de manera temporal o permanente su residencia a otro municipio u otro estado del país, afirma Ma. Elena Jaimes

En un año que ha funcionado la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guerrero, se han atendido 22 casos, de éstos 15 corresponden a periodistas que consideraron encontrarse en riesgo, y de los que siete incluso tuvieron que cambiar su sitio de residencia a otros estados u otros municipios.

De acuerdo con la titular de la Unidad, Ma. Elena Jaimes Martínez, en el tiempo que tiene funcionando esta oficina se han apoyado a 7 periodistas que manifestaron situaciones de riesgo, para cambiar de manera temporal o permanente su residencia a otro municipio u otro estado del país.

De los casos, indicó que dos se encuentran en proceso de restablecer sus actividades normales, dos más se encuentran asentados y realizando su actividad periodística en municipios diferentes a los que se encontraban en riesgo.

Por seguridad de las víctimas no podemos revelar nombres, o lugares de procedencia o a dónde fueron trasladados, sin embargo, en el momento que se tuvo la situación de riesgo se les ofreció el apoyo.

Jaimes Martínez señaló que el trabajo que realizan lo hacen en estrecha colaboración con el mecanismo nacional de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, con quienes se ha operado todo el apoyo para los comunicadores que se encuentran en riesgo.

En los esquemas de apoyo, también se registra un caso en el que un periodista guerrerense por estar en una situación de riesgo fue invitado por una asociación española a realizar una estancia en su país mientras pasa la crisis de riesgo «en este caso sólo apoyamos su salida, y la asociación es la que ofrece servicio de tipo refugio, pero evidentemente al estar en otro lugar en un país alejado tienen una mayor libertad e incluso continúan ejerciendo su actividad periodística».

En lo que lleva funcionando este mecanismo, se han atendido 22 asuntos, de ellos 15 corresponden a periodistas y 7 de Defensores de Derechos Humanos, los afectados el 60 por ciento han denunciado recibir amenazas vía telefónica o por redes sociales.

El 40 por ciento restante ha sufrido agresiones, allanamiento o atentados, la mayor parte de estos hechos se han registrado en el puerto de Acapulco donde se cuantifica el 40 por ciento de la actividad de esta oficina.

Cabe señalar que las medidas de protección se han dictado por el Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, sin embargo, muchas de las acciones que se tienen que realizar se ejecutan por la autoridad estatal.

De las acciones, el 73 por ciento de los casos se requirió sólo proporcionarles un número de contacto para marcarlo en caso de emergencia, para otros se destinaron rondines policiales en una zona específica, es decir en su trabajo o en su domicilio particular, en algunos casos vigilancia permanente o hasta servicio de escolta.

De los defensores de derechos humanos se han pedido garantías para el desempeño de su labor, en algunos casos sólo mientras se encuentran temporalmente realizando actividades en defensa de los derechos humanos dentro del estado.

En un año que ha funcionado la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guerrero, se han atendido 22 casos, de éstos 15 corresponden a periodistas que consideraron encontrarse en riesgo, y de los que siete incluso tuvieron que cambiar su sitio de residencia a otros estados u otros municipios.

De acuerdo con la titular de la Unidad, Ma. Elena Jaimes Martínez, en el tiempo que tiene funcionando esta oficina se han apoyado a 7 periodistas que manifestaron situaciones de riesgo, para cambiar de manera temporal o permanente su residencia a otro municipio u otro estado del país.

De los casos, indicó que dos se encuentran en proceso de restablecer sus actividades normales, dos más se encuentran asentados y realizando su actividad periodística en municipios diferentes a los que se encontraban en riesgo.

Por seguridad de las víctimas no podemos revelar nombres, o lugares de procedencia o a dónde fueron trasladados, sin embargo, en el momento que se tuvo la situación de riesgo se les ofreció el apoyo.

Jaimes Martínez señaló que el trabajo que realizan lo hacen en estrecha colaboración con el mecanismo nacional de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, con quienes se ha operado todo el apoyo para los comunicadores que se encuentran en riesgo.

En los esquemas de apoyo, también se registra un caso en el que un periodista guerrerense por estar en una situación de riesgo fue invitado por una asociación española a realizar una estancia en su país mientras pasa la crisis de riesgo «en este caso sólo apoyamos su salida, y la asociación es la que ofrece servicio de tipo refugio, pero evidentemente al estar en otro lugar en un país alejado tienen una mayor libertad e incluso continúan ejerciendo su actividad periodística».

En lo que lleva funcionando este mecanismo, se han atendido 22 asuntos, de ellos 15 corresponden a periodistas y 7 de Defensores de Derechos Humanos, los afectados el 60 por ciento han denunciado recibir amenazas vía telefónica o por redes sociales.

El 40 por ciento restante ha sufrido agresiones, allanamiento o atentados, la mayor parte de estos hechos se han registrado en el puerto de Acapulco donde se cuantifica el 40 por ciento de la actividad de esta oficina.

Cabe señalar que las medidas de protección se han dictado por el Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, sin embargo, muchas de las acciones que se tienen que realizar se ejecutan por la autoridad estatal.

De las acciones, el 73 por ciento de los casos se requirió sólo proporcionarles un número de contacto para marcarlo en caso de emergencia, para otros se destinaron rondines policiales en una zona específica, es decir en su trabajo o en su domicilio particular, en algunos casos vigilancia permanente o hasta servicio de escolta.

De los defensores de derechos humanos se han pedido garantías para el desempeño de su labor, en algunos casos sólo mientras se encuentran temporalmente realizando actividades en defensa de los derechos humanos dentro del estado.

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