El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, reiteró sobre el caso de los 43 jóvenes desaparecidos, que ocurrió durante su administración, que tiene la conciencia tranquila y aseguró que es el principal interesado en que se llegue al fondo del caso, al tiempo que se dijo dispuesto a comparecer ante cualquier instancia que lo requiera.
A unos días de cumplirse seis años de la desaparición de los 43 jóvenes, sostuvo que en su caso, desde el gobierno federal había intensión de “cobrar venganza” con los hechos violentos de septiembre del 2014 en Iguala, porque dejó las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y decidió ser candidato a gobernador de Guerrero por una coalición que encabezó el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Aguirre Rivero ha reiterado en distintas ocasiones en entrevistas y redes sociales, que durante su administración, la Procuraduría General de Guerrero rescató a casi 60 jóvenes que pudieron correr la misma suerte de los que hoy se encuentran desaparecidos y defendió que actuaron de acuerdo a las circunstancias del momento.
“De parte nuestra nunca hubo omisión, como se nos quiso señalar, ni responsabilidad en los hechos y mucho menos el deseo de tratar de perjudicar a los jóvenes”, precisó.
El ex titular del ejecutivo del estado, también compartió el optimismo de los padres de los normalistas, “en que muy pronto lleguemos a conocer la verdad de los hechos, 'la otra verdad', como se va a llamar mi libro”.
Mientras que, sin esperanza de hallar con vida a los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, se han movilizado en Guerrero, incurriendo en hechos de violencia y las trasladaron a la Ciudad de México, para presionar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a llegar a la verdad.
A seis años de su desaparición, ocurrida en la ciudad de Iguala, durante la noche del 26 y primeras horas del 27 de septiembre de 2014, la Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno federal reescriben la historia de este suceso que puso en el plano nacional e internacional a este estado suriano.
El vocero de los padres de los jóvenes desaparecidos, Felipe de la Cruz, admitió que el presidente López Obrador ha cumplido con su compromiso de trabajar de manera conjunta para romper “el pacto de silencio” que se había construido en torno al caso de los 43 en el anterior gobierno y llegar a la verdad.
Destacó que entre los avances del caso, la FGR les informó que se localizó en Canadá al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, a quien la Interpol le giró una ficha roja para la localización del ex funcionario.
Recordó que Zerón de Lucio enfrenta acusaciones de haber incurrido en irregularidades en el proceso de investigación por la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, como la tortura de piezas clave en el caso, lo que derivó en la liberación de algunos de los acusados.
Filipe de la Cruz refirió que, pese a estas anomalías, hay confianza de que finalmente se conozca cual fue el destino de los jóvenes desaparecidos, pero sobre todo de que se haga justicia y se lleve ante los tribunales a todos los autores materiales e intelectuales, de este hecho tan reprobable.
Por lo pronto, prepararon un plan de acción en toda la semana, que contemplan protestas, tanto en Iguala, Chilpancingo y la Ciudad de México, que culminará con una mega marcha del Ángel de la Independencia al zócalo capitalino.
Hasta el momento, de las 46 órdenes de aprehensión que solicitó la FGR, se han concedido 4 y se tiene como un importante avance la detención de una pieza clave en las pesquisas.
Con todos los nuevos elementos que se han recopilado en la investigación, desvanecen los argumentos de Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), de que los 43 jóvenes normalistas fueron asesinados, incinerados y depositados sus restos en el Río San Juan, en Cocula, Guerrero.
La versión fue presentada durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, en enero del 2015, en la que se defendió la tesis de que los estudiantes habrían sido secuestrados por policías municipales de Iguala y entregados a integrantes de un grupo vinculado con el crimen organizado.
Sin embargo, la investigación del actual gobierno, la FGR y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), además de investigaciones periodísticas, han revelado que no hay evidencia que respalde este relato.
