Una de las presuntas víctimas de violación que acusó a Félix Salgado de ser quien la mancilló, Basilia Castañeda, anunció que desistirá de los medios legales que había iniciado por no tener medios para seguir pagando los gastos que implica además de que las autoridades solo la han revictimizado.
La mujer tenía programada una audiencia este lunes en la Comisión de Honestidad y Justicia Partidaria del partido Morena para desahogo de pruebas y alegatos sin embargo en esta instancia le requirieron que lleve pruebas de la violación.
Estableció que la instancia de Morena no actúa con perspectiva de Género y se negó a practicar dos periciales psicológicas una al candidato Félix Salgado y otra a Ella y le respondieron que las pruebas o sea las periciales ella te daría que realizarlas y presentarlas.
A través de un comunicado, Basilia Castañeda señaló que continuar con procesos legales contra Salgado Macedonio implica tiempo, esfuerzos, audiencias en Guerrero, pago de viáticos, abogado y exposición ante autoridades que “ya han señalado que no quieren investigar”.
“Sin embargo dichas autoridades están obligadas a hacerlo de oficio dado que se trata de un delito grave en sí mismo, y agravado pues fue cometido contra una niña de 17 años por un hombre que en ese momento también gozaba de fuero en su carácter de senador con licencia” se lee en el comunicado.
También pidió al exfiscal, Xavier Olea Peláez, que no continúe con la representación en la causa penal que él había ofrecido apoyar bajo la modalidad pro bono.
Basilia Castañeda denunció a Salgado Macedonio ante la Fiscalía General de la República por el delito de violación, el cual, narró, ocurrió en 1998 en Acapulco, cuando ella tenía 17 años de edad. La denuncia fue turnada a la Fiscalía de Guerrero, dependencia que determinó su prescripción porque pasaron 22 años desde que ocurrió el hecho hasta que se presentó la denuncia.
“Si nuestras instituciones no se han transformado para garantizar la presunción de buena fe de quienes denunciamos, si no han incorporado personal que sepa investigar con perspectiva de género y que erradiquen los privilegios en el acceso a la justicia, la responsabilidad de esa impunidad no está en manos de las víctimas sino de las autoridades. Por ahora se siguen manteniendo los privilegios que sostienen la impunidad a través de invocar formalidades y que incrementan el riesgo de quienes denunciamos”, escribió.
