Tras denunciar que el líder de una Asociación Civil está lucrando con la entrega de despensas que de manera gratuita donó el DIF del gobierno del estado y exige 15 pesos como cuota de recuperación para la entrega de la ayuda humanitaria para los afectados por el Coronavirus, personas con capacidades diferentes, acudieron al SAT para exigir que vigile estás acciones irregulares.
Roberto Librado expuso a medios de comunicación lo que consideró como un atropello, relatando que el pasado viernes por la tarde el representante del Consejo Estatal para Personas con Discapacidad, Sergio Paz los citó para hacerles la entrega del apoyo gestionado ante el gobierno estatal, mismo que se dio con la presencia y apoyo del DIF Acapulco, pero se llevaron una decepción cuando les impusieron un cobro de 15 pesos por despensa.
"Nos estaban cobrando 15 pesos por despensa como una cuota de recuperación y nosotros hicimos la observación del por qué el cobro cuando se encontraba con la encargada del DIF, porque se supone que es una asociación no lucrativa. La trabajadora del DIF se deslindó porque el que estaba haciendo el cobro, ya que la persona que lo estaba haciendo se caracteriza por andar haciendo bloqueos, pero para sus propios beneficios", señaló uno de los inconformes.
La mañana de este lunes, dos personas con capacidades diferentes, uno apoyado de un bastón y otro con una silla de ruedas, acudieron a poner su queja ante los representantes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuyas oficinas se encuentran en el fraccionamiento Magallanes, con la finalidad de que las autoridades escuchen el clamor de la sociedad.
De acuerdo a los quejosos, la necesidad de los discapacitados por acceder al apoyo alimentario los obligó a pagar por la caja con despensa, incluso algunos tuvieron que pedir dinero prestado para poder cumplir con la cuota debido a que la economía en la actualidad es muy crítica en distintos sectores.
A través de un video hecho llegar al reportero, se constató del mencionado cobro y de que el personal del DIF Acapulco se deslindó, pero este no hizo nada para garantizar la gratuidad de las cajas con productos de la canasta básica, ya que se limitó a bajar el producto de un vehículo oficial en el que fueron transportados.
Los declarantes pidieron que el SAT vigile el actuar de las asociaciones civiles, ya que, aseguran, están imposibilitadas para realizar cualquier tipo de cobro al ser sin fines de lucro.
