/ lunes 3 de mayo de 2021

Acusan a Florencio Salazar Adame de "Tráfico de Influencias" para mantener preso a un presunto inocente

Familiares de Bernardo Xavier Cabrera Moreno llamaron al secretario General de Gobierno a que deje el traficar influencias y permita que se haga justicia

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Familiares de Bernardo Xavier Cabrera Moreno, quien se encuentra preso por el asesinato del entonces funcionario estatal Morelos Vargas Gómez, llamaron al secretario General de Gobierno a que deje el traficar influencias y permita que se haga justicia en un juicio que claramente está viciado de origen y de forma burda sentenciaron a un inocente a 54 años de prisión por un delito que no cometió.

Xavier Cabrera fue detenido en el año 2009 por elementos de la entonces policía judicial, en sus declaraciones ha señalado que vendado de los ojos lo llevaron a otro sitio y le obligaron a firmar una declaración en la que aceptaba haber asesinado a una persona que jamás vio ni conoció ni estuvo cerca del lugar de los hechos.

La tortura se acredito mediante la práctica del protocolo de Estambul misma que se encuentra documentada en el expediente, pero los jueces se han negado a tomarla en cuenta por presión que han tenido desde la secretaría General de Gobierno, pues el titular Florencio Salazar Adame, quien ha tenido injerencia porque el fallecido viajaba en un automóvil de su propiedad cuando ocurrió el crimen y por ello se le involucró como supuesta víctima de robo.

La madre del recluso, consuelo Moreno, estableció que a pesar de que ya se practicó el protocolo de Estambul y en él se establece que hubo tortura física y psicológica para obtener la confesión, el secretario de Gobierno pretende que se reponga ese documento y apenas el pasado jueves se presentaron en el reclusorio nuevos peritos a realizar esta prueba.

“Es un caso que está plagado de irregularidades, en el que lamentablemente la justicia mexicana se ha visto interferida pro presiones de funcionarios y gobernantes que trafican influencias para mantener inocentes en la cárcel”.

Mencionó que desde el inicio del proceso hubo un claro interés en que no tuviera una defensa adecuada y le asignaron a un defensor de oficio que no tiene título ni cédula profesional y con ello iniciaron las violaciones a los derechos humanos que en 12 años son incontables.

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Familiares de Bernardo Xavier Cabrera Moreno, quien se encuentra preso por el asesinato del entonces funcionario estatal Morelos Vargas Gómez, llamaron al secretario General de Gobierno a que deje el traficar influencias y permita que se haga justicia en un juicio que claramente está viciado de origen y de forma burda sentenciaron a un inocente a 54 años de prisión por un delito que no cometió.

Xavier Cabrera fue detenido en el año 2009 por elementos de la entonces policía judicial, en sus declaraciones ha señalado que vendado de los ojos lo llevaron a otro sitio y le obligaron a firmar una declaración en la que aceptaba haber asesinado a una persona que jamás vio ni conoció ni estuvo cerca del lugar de los hechos.

La tortura se acredito mediante la práctica del protocolo de Estambul misma que se encuentra documentada en el expediente, pero los jueces se han negado a tomarla en cuenta por presión que han tenido desde la secretaría General de Gobierno, pues el titular Florencio Salazar Adame, quien ha tenido injerencia porque el fallecido viajaba en un automóvil de su propiedad cuando ocurrió el crimen y por ello se le involucró como supuesta víctima de robo.

La madre del recluso, consuelo Moreno, estableció que a pesar de que ya se practicó el protocolo de Estambul y en él se establece que hubo tortura física y psicológica para obtener la confesión, el secretario de Gobierno pretende que se reponga ese documento y apenas el pasado jueves se presentaron en el reclusorio nuevos peritos a realizar esta prueba.

“Es un caso que está plagado de irregularidades, en el que lamentablemente la justicia mexicana se ha visto interferida pro presiones de funcionarios y gobernantes que trafican influencias para mantener inocentes en la cárcel”.

Mencionó que desde el inicio del proceso hubo un claro interés en que no tuviera una defensa adecuada y le asignaron a un defensor de oficio que no tiene título ni cédula profesional y con ello iniciaron las violaciones a los derechos humanos que en 12 años son incontables.

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