/ martes 8 de junio de 2021

Infonavit otorga 16 contratos directos y sin justificación

La Contraloría General halló que los servicios comprados de forma irregular suman 838.6 mdp

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) adjudicó de forma directa y sin justificación válida 16 contratos para servicios de tecnología por un total de 838.6 millones de pesos en la última década, de acuerdo con un reporte de la Contraloría General.

El área responsable de estas adjudicaciones, señala el documento del cual El Sol de México tiene copia, fue la subdirección general de Tecnologías de Información (TI), la cual además habría incumplido con las políticas de control interno establecidas por el Instituto, y ha registrado otras irregularidades.

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De acuerdo con la Verificación Integral de Control Interno VE-2020-05, el área recurrió a compras directas bajo el amparo de las excepciones previstas dentro del artículo 10 de las Políticas Aplicables a las Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes y Contratación de Servicios, las cuales, detallan, no fueron debidamente justificadas.

Entre las condiciones, el documento destacó nueve contratos por 502.4 millones de pesos, que de acuerdo con la subgerencia sólo podían celebrarse con un proveedor por temas de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos.

Sin embargo, la Contraloría del organismo encontró que el área no realizó investigaciones de mercado para descartar la posibilidad de que existieran otras empresas que ofrecieran el mismo servicio o uno similar.

Se trata de contratos de respaldo, servicios de mantenimiento correctivo y preventivo, de infraestructura de almacenamiento y soporte técnico, entre otros, con las empresas Hitachi Vantara e ISI TI.

La subgerencia de TI también entregó de forma directa cuatro contratos por 362.6 millones de pesos, argumentando urgencia para la adquisición de servicios.

El reporte encontró que las circunstancias indicadas pudieron provocar pérdidas y costos adicionales o de oportunidad al Instituto, además de que el área encontró inconsistencias en los documentos de la empresa Versaria, beneficiada con estos contratos.

En otros dos contratos por cerca de 42 millones de pesos, la subgerencia de Tecnologías de la Información benefició a la empresa Anexa Telecomunicaciones, luego de declarar desierta una licitación.

Sin embargo, la Contraloría encontró que, en el concurso, el área solicitó a los participantes requisitos que limitan la competencia.

En el último contrato, por 165.6 millones de pesos, la subgerencia argumentó la inexistencia de alternativas para el servicio, pero no acreditó el argumento además de que hubo dos empresas que ofrecieron sus servicios y que, de acuerdo con la investigación, no se consideraron.

“Es importante destacar que en ninguno de los casos justificados por este supuesto se logró identificar que las contrataciones realizadas garantizaban las mejores condiciones de calidad y precio para el Instituto, ni contaban con una evaluación histórica positiva de la prestación de los citados servicios la cual respalde la recontratación de los proveedores”, indicó el reporte.

De estos 16 contratos, añade el reporte, 15 carecen de documentación solicitada completa, e incumplen con los formatos de entrega.

Además, la instancia encontró que la subgerencia de TI ha incumplido en la actualización de manuales para la adquisición de bienes y servicios.

Estas irregularidades corresponden a 66 por ciento de los 24 contratos de adquisiciones del área de TI que la Contraloría General revisó entre agosto del año pasado y marzo de este año, cuyo monto asciende a mil 808.6 millones de pesos.

Los hallazgos llevaron a la Contraloría General a amonestar a José Francisco Monroy Flores, gerente de Tecnologías de la Información del Infonavit, por determinar que fue el responsable de las decisiones tomadas para la asignación de contratos de manera directa y contraria a la normatividad vigente.

Una fuente allegada al proceso confirmó a este diario que Monroy Flores presentó su renuncia después de manifestar su inconformidad con la sanción, y argumentó que las decisiones fueron tomadas directamente por Raúl González Reyna, subdirector general de TI.

Esta situación llevó a la interposición de una denuncia anónima ante la contralora general, Laura Alicia Méndez Rodríguez, en la que se acusa a la subgerencia de Tecnologías de la Información, entre otras cosas de actualizaciones irregulares a los criterios de renovación de contratos o pedidos, así como los términos bajo los que se aprueba el programa anual de adquisiciones y suministros y los criterios para llegar a determinar y dar por válido a un proveedor precalificado.

Asimismo, el documento advierte que no existe transparencia en el mecanismo utilizado para la contratación de bienes y servicios y cuestiona los criterios que utiliza la subgerencia para realizar los procedimientos de contratación y adjudicaciones directas.

En marzo, la Contraloría General solicitó al subdirector González Reyna entregar, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, un plan de trabajo integral con las medidas preventivas y correctivas para solventar las recomendaciones formuladas sobre las irregularidades.

Al cierre de esta edición el Infonavit no se había pronunciado sobre los señalamientos de la Contraloría.



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El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) adjudicó de forma directa y sin justificación válida 16 contratos para servicios de tecnología por un total de 838.6 millones de pesos en la última década, de acuerdo con un reporte de la Contraloría General.

El área responsable de estas adjudicaciones, señala el documento del cual El Sol de México tiene copia, fue la subdirección general de Tecnologías de Información (TI), la cual además habría incumplido con las políticas de control interno establecidas por el Instituto, y ha registrado otras irregularidades.

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De acuerdo con la Verificación Integral de Control Interno VE-2020-05, el área recurrió a compras directas bajo el amparo de las excepciones previstas dentro del artículo 10 de las Políticas Aplicables a las Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes y Contratación de Servicios, las cuales, detallan, no fueron debidamente justificadas.

Entre las condiciones, el documento destacó nueve contratos por 502.4 millones de pesos, que de acuerdo con la subgerencia sólo podían celebrarse con un proveedor por temas de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos.

Sin embargo, la Contraloría del organismo encontró que el área no realizó investigaciones de mercado para descartar la posibilidad de que existieran otras empresas que ofrecieran el mismo servicio o uno similar.

Se trata de contratos de respaldo, servicios de mantenimiento correctivo y preventivo, de infraestructura de almacenamiento y soporte técnico, entre otros, con las empresas Hitachi Vantara e ISI TI.

La subgerencia de TI también entregó de forma directa cuatro contratos por 362.6 millones de pesos, argumentando urgencia para la adquisición de servicios.

El reporte encontró que las circunstancias indicadas pudieron provocar pérdidas y costos adicionales o de oportunidad al Instituto, además de que el área encontró inconsistencias en los documentos de la empresa Versaria, beneficiada con estos contratos.

En otros dos contratos por cerca de 42 millones de pesos, la subgerencia de Tecnologías de la Información benefició a la empresa Anexa Telecomunicaciones, luego de declarar desierta una licitación.

Sin embargo, la Contraloría encontró que, en el concurso, el área solicitó a los participantes requisitos que limitan la competencia.

En el último contrato, por 165.6 millones de pesos, la subgerencia argumentó la inexistencia de alternativas para el servicio, pero no acreditó el argumento además de que hubo dos empresas que ofrecieron sus servicios y que, de acuerdo con la investigación, no se consideraron.

“Es importante destacar que en ninguno de los casos justificados por este supuesto se logró identificar que las contrataciones realizadas garantizaban las mejores condiciones de calidad y precio para el Instituto, ni contaban con una evaluación histórica positiva de la prestación de los citados servicios la cual respalde la recontratación de los proveedores”, indicó el reporte.

De estos 16 contratos, añade el reporte, 15 carecen de documentación solicitada completa, e incumplen con los formatos de entrega.

Además, la instancia encontró que la subgerencia de TI ha incumplido en la actualización de manuales para la adquisición de bienes y servicios.

Estas irregularidades corresponden a 66 por ciento de los 24 contratos de adquisiciones del área de TI que la Contraloría General revisó entre agosto del año pasado y marzo de este año, cuyo monto asciende a mil 808.6 millones de pesos.

Los hallazgos llevaron a la Contraloría General a amonestar a José Francisco Monroy Flores, gerente de Tecnologías de la Información del Infonavit, por determinar que fue el responsable de las decisiones tomadas para la asignación de contratos de manera directa y contraria a la normatividad vigente.

Una fuente allegada al proceso confirmó a este diario que Monroy Flores presentó su renuncia después de manifestar su inconformidad con la sanción, y argumentó que las decisiones fueron tomadas directamente por Raúl González Reyna, subdirector general de TI.

Esta situación llevó a la interposición de una denuncia anónima ante la contralora general, Laura Alicia Méndez Rodríguez, en la que se acusa a la subgerencia de Tecnologías de la Información, entre otras cosas de actualizaciones irregulares a los criterios de renovación de contratos o pedidos, así como los términos bajo los que se aprueba el programa anual de adquisiciones y suministros y los criterios para llegar a determinar y dar por válido a un proveedor precalificado.

Asimismo, el documento advierte que no existe transparencia en el mecanismo utilizado para la contratación de bienes y servicios y cuestiona los criterios que utiliza la subgerencia para realizar los procedimientos de contratación y adjudicaciones directas.

En marzo, la Contraloría General solicitó al subdirector González Reyna entregar, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, un plan de trabajo integral con las medidas preventivas y correctivas para solventar las recomendaciones formuladas sobre las irregularidades.

Al cierre de esta edición el Infonavit no se había pronunciado sobre los señalamientos de la Contraloría.



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