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Desplazó conflicto de comunitarios a 150 Familias en Tierra Colorada

  • Alejandro Caballero
  • en Estado

Alrededor de unas 150 familias simpatizantes del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) de las comunidades de El Ocotito y Mohoneras, ambas de Chilpancingo, fueron amenazadas de muerte y desplazadas de estos lugares por integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Hoy, estos desplazados viven con amigos o familiares en otras partes de la entidad o fuera del estado, desempleados, duermen donde pueden y muchos de sus hijos dejaron de acudir a la escuela, aunque algunos dejaron a sus hijos encargados con sus vecinos o amigos de la comunidad para que puedan seguir acudiendo a sus respectivas instituciones educativas.

Aunque se negaron a que se publicaran sus nombres por motivos de seguridad, las familias desplazadas dijeron que muchos fueron corridos de sus pueblos por integrantes de la UPOEG y, otros, se salieron ante el temor de que los upoegistas cumplan con las amenazas de “hacerlos pedacitos”, tanto a ellos como a sus hijos, por apoyar al FUSDEG.

Relataron que este temor inició en El Ocotito con la llegada de los grupos de delincuentes de la UPOEG, debido a que primero atacaron a balazos la base del FUSDEG y, después, estuvieron disparando en varios puntos del pueblo para generar pánico a la ciudadanía, entonces, comenzaron a llamar a cada integrante del Frente Unido para decirles que se rindieran y que dejaran el movimiento o los harían pedacitos y amenazaron a sus hijos diciendo lo mismo.

Señalaron que el “Deyvi” y su grupo de delincuentes, quienes ya llevaban meses buscando la manera de desintegrar al FUSDEG, fueron los que les dieron a la UPOEG los números telefónicos de todos y les dieron nombres de sus hijos y familiares, “por eso cuando nos llamaban ya sabían todo de nosotros y la gente comenzó a retirarse por temor a que mataran a sus familias”.

“En esos días -recordaron- llegó la Policía Estatal y de ahí según ellos tenían tres filtros de seguridad, pero dejaban que la UPOEG estuviera operando dentro del pueblo y así comenzaron a caer a las casas y a sacar a los comunitarios o a sus familias, les quitaban las armas, los radios y robaban cosas de valor mientras supuestamente revisaban sus domicilios”.

Agregaron que a todos los comunitarios que les “cayeron” o los llamaban, les decían que se tenían que poner la playera UPOEG, aunque presuntamente sólo dos aceptaron por miedo y los demás se salieron del pueblo, aunque muchos fusdegistas de plano los corrieron y a otros los golpearon brutalmente y los obligaron a hacer videos diciendo cosas que ellos les decían en contra de los dirigentes del FUSDEG.

También resaltaron que los de la UPOEG visitaban a los presidentes de colonia y consejeros y les hacían lo mismo, mientras que a los comisarios los citaron y les dijeron que tenían que renunciar en asamblea de pueblo y que ellos pondrían a su gente. “El comisario de Mohoneras, Mario Castillo, así lo hizo, pero el comisario Román Badillo de El Ocotito no aceptó y por eso lo detuvieron y lo privaron de su libertad poniéndole muchos delitos. La mayoría nos salimos con lo único que traíamos puesto, no tenemos ropa ni zapatos ni dinero y toda nuestra vida, nuestras cosas, están en El Ocotito y en Mohoneras”, explicaron y señalaron que sus vecinos y familiares que aún están en sus comunidades les indican que las casas de todos los desplazados están siendo saqueadas poco a poco por los de la UPOEG.

Hicieron el recuento de que “la casa del coordinador Salvador Alanís Trujillo la saquearon y también la granja de gallinas con incubadora y jaulas, así como su invernadero de jitomates y su taller de mecánica, arrasaron con todo y dijeron que hasta el terreno y todo lo que está dentro ya era de ellos; al profesor Plancarte Mondragón, a Leonel Rodríguez, a Pancho Casares y al comisario de Mohoneras les robaron una granja de marranos en la que tenían como unos 20 ejemplares y a Leonel Rodríguez le robaron su coche. Hay vecinos que nos han dicho que ya van a abrir las casas de los que faltan y les quieren quitar las casas y los terrenos”.

Aseguraron que el FUSDEG ha estado apoyando a estas familias y reclamaron que ni el Gobierno Municipal ni el Estatal han brindado apoyo ni siquiera una reunión con la gente para saber su situación, a pesar de que garantizaron que ya se le notificó al presidente municipal, Marco Antonio Leyva Mena; al secretario general de gobierno, Florencio Salazar y al fiscal general del estado, Xavier Olea, “todos ellos están haciendo como que no pasa nada”, dijeron.

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