/ martes 30 de junio de 2020

Violencia de género en tiempos de Pandemia

Durante los últimos tres meses, en México hemos sido testigos de la puesta en marcha de medidas extraordinarias para hacer frente a la emergencia sanitaria que vivimos, como lo fue la Jornada Nacional de Sana Distancia, efectuada del 23 de marzo al 31 de mayo, que suspendió temporalmente actividades no esenciales con el objetivo de reducir los contagios del virus SARS-CoV-2.


Si bien es cierto que las acciones aplicadas en la Pandemia se erigieron como la respuesta más viable y oportuna para mitigar la propagación del Covid-19; también lo es que silenciosamente se ha presentado otra lastimosa afectación que vulnera particularmente a un sector poblacional. Hablamos de los deplorables aumentos en los índices de violencia de género.


Al respecto, es menester señalar que la ONU ha definido a la violencia de género como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga, o que pueda tener como resultado, un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública o privada”. Es decir, en ella se engloban todas las vulneraciones a la

vida, integridad, intimidad y dignidad del sector femenino, sin importar dónde o quién las realice.


Además, de acuerdo con ONU Mujeres, en los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y niñas (de edades entre 15 y 49 años) de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental. Y, con la pandemia, advirtió altas probabilidades de que esta cifra creciera con múltiples efectos en el bienestar de las mujeres, su salud sexual y reproductiva, su salud mental y su capacidad de liderar la recuperación social y económica.


En virtud de lo anterior, las tendencias que se han presentado de la mano con el incremento de los contagios del Covid-19, son las denuncias en las líneas de atención y los refugios para la violencia doméstica, donde las autoridades gubernamentales tienen la obligación constitucional de prevenir, investigar, sancionar y reparar estas violaciones a los derechos humanos.


El hecho de que el aislamiento social conlleve implícitamente mayores retos y presiones en el terreno de seguridad, salubridad y economía, no justifica bajo ninguna circunstancia que el Estado abandone a este sector vulnerable de la población, ya que si desde antes enfrentábamos enormes rezagos respecto a la brecha de desigualdad social y la violencia contra las mujeres, en el actual contexto se han profundizado en contra de millones de mexicanas.


Muestra de ello, es que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre marzo y mayo hubo 973 asesinatos de mujeres, lo que se traduce que en promedio 10 mujeres fueron privadas de la vida diariamente. Asimismo, las llamadas de emergencia por violencia familiar mostraron un incremento del 23%, tan solo de febrero a marzo, mientras que las búsquedas en Google relacionadas con las denuncias y la violencia en hogares alcanzaron mayores niveles.


Tal situación nos ubica ante un reto colosal que no ha sido escuchado ni atendido por las autoridades mexicanas, incluso se ha demostrado una perniciosa disposición del gobierno federal por debilitar económicamente a las instituciones especializadas en proteger y defender a las mujeres.


La violencia de género no es una situación con la que “se tenga que aprender a vivir”, más bien se trata de un frente en el que gobierno y sociedad debemos actuar de forma coordinada e inmediata, promoviendo canales eficaces de denuncia que respalden la violencia contra la mujer y erradiquen esta perjudicial tendencia.

Durante los últimos tres meses, en México hemos sido testigos de la puesta en marcha de medidas extraordinarias para hacer frente a la emergencia sanitaria que vivimos, como lo fue la Jornada Nacional de Sana Distancia, efectuada del 23 de marzo al 31 de mayo, que suspendió temporalmente actividades no esenciales con el objetivo de reducir los contagios del virus SARS-CoV-2.


Si bien es cierto que las acciones aplicadas en la Pandemia se erigieron como la respuesta más viable y oportuna para mitigar la propagación del Covid-19; también lo es que silenciosamente se ha presentado otra lastimosa afectación que vulnera particularmente a un sector poblacional. Hablamos de los deplorables aumentos en los índices de violencia de género.


Al respecto, es menester señalar que la ONU ha definido a la violencia de género como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga, o que pueda tener como resultado, un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública o privada”. Es decir, en ella se engloban todas las vulneraciones a la

vida, integridad, intimidad y dignidad del sector femenino, sin importar dónde o quién las realice.


Además, de acuerdo con ONU Mujeres, en los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y niñas (de edades entre 15 y 49 años) de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental. Y, con la pandemia, advirtió altas probabilidades de que esta cifra creciera con múltiples efectos en el bienestar de las mujeres, su salud sexual y reproductiva, su salud mental y su capacidad de liderar la recuperación social y económica.


En virtud de lo anterior, las tendencias que se han presentado de la mano con el incremento de los contagios del Covid-19, son las denuncias en las líneas de atención y los refugios para la violencia doméstica, donde las autoridades gubernamentales tienen la obligación constitucional de prevenir, investigar, sancionar y reparar estas violaciones a los derechos humanos.


El hecho de que el aislamiento social conlleve implícitamente mayores retos y presiones en el terreno de seguridad, salubridad y economía, no justifica bajo ninguna circunstancia que el Estado abandone a este sector vulnerable de la población, ya que si desde antes enfrentábamos enormes rezagos respecto a la brecha de desigualdad social y la violencia contra las mujeres, en el actual contexto se han profundizado en contra de millones de mexicanas.


Muestra de ello, es que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre marzo y mayo hubo 973 asesinatos de mujeres, lo que se traduce que en promedio 10 mujeres fueron privadas de la vida diariamente. Asimismo, las llamadas de emergencia por violencia familiar mostraron un incremento del 23%, tan solo de febrero a marzo, mientras que las búsquedas en Google relacionadas con las denuncias y la violencia en hogares alcanzaron mayores niveles.


Tal situación nos ubica ante un reto colosal que no ha sido escuchado ni atendido por las autoridades mexicanas, incluso se ha demostrado una perniciosa disposición del gobierno federal por debilitar económicamente a las instituciones especializadas en proteger y defender a las mujeres.


La violencia de género no es una situación con la que “se tenga que aprender a vivir”, más bien se trata de un frente en el que gobierno y sociedad debemos actuar de forma coordinada e inmediata, promoviendo canales eficaces de denuncia que respalden la violencia contra la mujer y erradiquen esta perjudicial tendencia.

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