Infestado de vicios y artimañas propias del ADN político de su reciclada militancia, Morena sortea un espinoso conflicto para renovar su dirigencia nacional, la cual tiene como encomienda prioritaria conseguir una mayoría electoral en los comicios venideros como la de aquella jornada histórica de 2018.
Repetir la hazaña es un trabajo descomunal, considerando los sinsabores de la Cuarta Transformación en lo económico, la seguridad pública y el manejo de la pandemia, y la evidencia de que el morenismo (una mescolanza de perredismo con priísmo y toques blanquiazules) puede sacrificar sin empacho el espíritu democrático que profesa a costa del poder.
Para concretar los proyectos y propósitos plasmados en su 4T sin escollos, el presidente Andrés Manuel López Obrador necesita mantener su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados con el respaldo de sus partidos aliados.
También requiere ampliar su fuerza política en el territorio nacional ganando gran parte de las 15 gubernaturas a renovarse en 2021 porque así, al mismo tiempo, mitigaría la rebelión de gobernadores opositores autoexiliados de la Conago que acusan un trato inequitativo de su administración.
Tras su triunfo electoral, López Obrador sabía de antemano que esa estrategia era vital para su proyecto político. De ahí la creación de las llamadas superdelegaciones, una suerte de oficina política que concentra el control y la operación de todas las delegaciones federales en los estados, así como de sus recursos económicos. No es casualidad que Morena perfile a superdelegados como sus candidatos oficiales en 10 de las 15 entidades donde habrá elección de gobernador, incluyendo a Guerrero.
En política, sin embargo, nada es seguro y el “carro completo” de Morena en los comicios de 2021 es algo ilusorio. Por ello, el presidente busca hacerse presente en la jornada electoral de junio del próximo año, a manera de repetir la fórmula que permitió a personajes desconocidos e indeseables, al amparo de su imagen, ganar en 2018 gubernaturas, presidencias municipales y curules en los congresos federal y locales.
Si bien López Obrador no puede aparecer vinculado a Morena ni a sus candidatos en una boleta electoral, su indisoluble apostolado contra la corrupción puede asomarse para incidir en la tendencia de la votación mediante la celebración de la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes -o el galimatías que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación- el mismo día de la jornada electoral del próximo 6 de junio.
Y aunque eso resulta inviable por el costo económico, el propio presidente sugirió al Instituto Nacional Electoral convocar a ciudadanos como voluntarios para levantar la consulta. “Si la gente va a ir votar por diputados, senadores (sic), gobernadores, de una vez se decide sobre la consulta”, justificó.
La consulta, más allá de un anhelo auténtico por hacer justicia ante la corrupción heredada, desmoronaría el sentido de la democracia participativa para cumplir un propósito político del partido en el poder, con otro mal precedente: la previa manipulación del Poder Judicial y del Congreso de la Unión para conseguirlo.
En términos llanos, esta maquinación bien urdida por el presidente es una bribonada equiparable a los fraudes electorales de los que acusa a sus antecesores, cuyo costo inmediato será la pérdida de legimitidad en el proceso transformador que ofreció erradicar esas prácticas.
Un error de cálculo que puede tornar la 4T en una incómoda utopía.
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