Es un hecho innegable que en toda sociedad democrática el trinomio transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública se integren y articulen como ejes indispensables para garantizar la vigencia plena de un Estado Constitucional de Derecho, en el que se fomente una mejor relación entre gobierno y gobernados con el hecho de cristalizar todas las actividades gubernamentales.
Es evidente que una ciudadanía informada, reflexiva y analítica en el desempeño de las funciones públicas exige mejores resultados, representando a la vez un factor en favor de la evolución y legitimación de las autoridades. Pues en el ejercicio de estas herramientas democráticas, la ciudadanía evalúa el desempeño de los servidores públicos y se promueve un escenario que genere mayor confianza.
Lo anterior, debe ser interpretado con el conocimiento de que estas herramientas no aparecieron por casualidad en el régimen constitucional mexicano, sino que han sido objeto de arduos procesos de consolidación y perfeccionamiento, bajo el perenne objetivo de garantizar un escenario más transparente cada día y abonar a la certidumbre y confiabilidad de la ciudadanía.
Los cambios de fondo más recientes aparecieron a la luz de la reforma constitucional del 07 de febrero de 2014, la cual tuvo como rubros principales: el fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública, con el aumento en un amplio sentido del conjunto de órganos del Estado que tienen la obligación de hacer pública la información que poseen; la facultad al Congreso de la Unión para expedir un nuevo marco jurídico; la consolidación de un Sistema Nacional de Transparencia; y, el establecimiento de órganos constitucionales autónomos para garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la información.
Si bien es cierto que estos cambios avalados por la otrora LXII Legislatura del Congreso de la Unión representaron un laudable avance, también lo es que la naturaleza propia del derecho y de la actividad gubernamental nos han orillado a repensar la forma en continuar el fortalecimiento y mejoramiento de este trinomio.
Es inobjetable que la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información pública representan hoy en día una amplia serie de desafíos como lo es abiertos cuestionamientos y confrontaciones de otros poderes del Estado y la reducción en materia presupuestal.
Por tales motivos es indispensable promover el siguiente piso a alcanzar en la materia, que tenga como estandartes fortalecer y afianzar la autonomía constitucional de los órganos garantes; mecanismos más sólidos y agilizados de transparencia que supervisen las contrataciones de los tres órdenes de gobierno; llevar a la Constitución federal el término “gobierno abierto” como eje garante que articule y cimiente las obligaciones del Estado en la materia; y perfeccionar la accesibilidad a las herramientas digitales bajo las cuales la ciudadanía pueda acceder a la información.
Con estos elementos, se logrará un integral fortalecimiento de la cultura y vigencia de los principios de transparencia, pues más allá de ser un discurso de “paliar la corrupción” se estarán instrumentando acciones inexcusables que nos encaminan hacia una sociedad más democrática.
*Senador de la República
@manuelanorve
