/ miércoles 25 de septiembre de 2019

Surrealismo Político

El Caso Iguala, nombrado así para resumir la acción violenta que dejó 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, desaparecidos, los muertos en la acción, los heridos, los conmocionados durante la noche y madrugada del 26 y 27 de Septiembre de 2014, tiene un giro legal nada considerado a la distancia de cinco años con la liberación de más de 50 personas presuntamente involucrados en esa acción.

Del caso, ha dicho el grupo de Madres y Padres de Familia de los normalistas desaparecidos, buscan encarcelar a Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República, y a Tomás Zerón de Lucio, ex Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, por “ las inconsistencias en la integración de los expedientes” que ha señalado el Juez Tamaulipeco que los ha liberado, y que fueron la base para no inculparlos y retenerlos en prisión. Incluso de ahí se han agarrado los policías que trabajaron en el Municipio de Iguala, para pedir indemnización al Ayuntamiento por un monto aproximado de cinco millones cada uno.

La denominada por el propio Murillo Karman como “verdad histórica”, fue duramente cuestionada en su momento por el grupo de apoyo a la familia de los Normalistas para dar con su paradero. De tal forma que el tema de la “verdad a base de tortura” denunciada por el abogado Vidulfo Rosales, terminó por tomarse en cuenta y convertirse, quizá, en el elemento que ha permitido desvirtuar lo que había privado de su libertad a policías, y personas señaladas como integrante de grupos organizados fuera de la ley, incluso el famoso vínculo con otros que radicaban fuera del país, en Estados Unidos, de donde también fueron ya liberados.

Tras la liberación, calificada por el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, como “inaceptable”, se han dejado escuchar voces con nuevas historias no públicas hasta ahora, como el dicho del ex Gobernador, y Gobernador en turno cuando estos hechos sucedieron, Ángel Aguirre Rivero, que declaró que el Gobierno del entonces Presidente Enrique Peña Nieto, habría congelado sus cuentas bancarias y buscaban elementos que lo ligaran a grupos delincuenciales. O las que ha dejado caer como gotas ácidas –para algunos- en sus colaboraciones periodísticas que dan cuenta de la retención de su Procurador Iñaqui Blanco, y de la posición contra suya del entonces Secretario de Gobernación, el ahora Senador Miguel Ángel Osorio Chong. Y que todo da a entender el rompimiento de la amistad y familiaridad de la relación entre ellos.

A cinco años encontramos un expediente desvirtuado, una posición del ex Procurador General de la República, Jesús Murillo, diciendo que él hizo su trabajo y no puede ser detenido ni procesado por ello y deja con prudencia su punto de vista sobre el expediente que se ha convertido en el más amplio que se haya integrado en el México contemporáneo, tanto para decir que el juez que los liberó no habría tenido el tiempo suficiente para encontrar los elementos que permitieron la detención de los hoy liberados.

A través del abogado Rosales, que a su vez representa al grupo de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, las Madres y Padres de Familia de los normalistas desaparecidos dicen que “empezarán desde cero la investigación”, no está mal. Y mantienen elementos de confianza hacia el nuevo Gobierno Federal que lleva ya 9 meses, que ha rendido su Primer Informe –tercero en cuenta- y que lleva por lo tanto responsabilidad en la liberación de involucrados, no solo porque se han reunido con el Presidente Andrés Manuel López Obrador con su promesa de hacerlo cada dos meses, sino porque el Subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, ha dicho que los jóvenes pueden estar en Guerrero, aún cuando no dice cómo.

Solo que la esperanzadora información junto con el “iniciar de cero”, se enfrenta a las garantías de nuestra Carta Magna cuando dice “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”, se tendrá la información, se podrá detener a investigadores como Zerón o Murillo, no responsables del delito, pero quizá la verdad, la otra, no la histórica que se descalificó, se convierta en una nueva bandera pero solo con la carga moral del hecho a voz secreta. Surrealismo?

El Caso Iguala, nombrado así para resumir la acción violenta que dejó 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, desaparecidos, los muertos en la acción, los heridos, los conmocionados durante la noche y madrugada del 26 y 27 de Septiembre de 2014, tiene un giro legal nada considerado a la distancia de cinco años con la liberación de más de 50 personas presuntamente involucrados en esa acción.

Del caso, ha dicho el grupo de Madres y Padres de Familia de los normalistas desaparecidos, buscan encarcelar a Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República, y a Tomás Zerón de Lucio, ex Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, por “ las inconsistencias en la integración de los expedientes” que ha señalado el Juez Tamaulipeco que los ha liberado, y que fueron la base para no inculparlos y retenerlos en prisión. Incluso de ahí se han agarrado los policías que trabajaron en el Municipio de Iguala, para pedir indemnización al Ayuntamiento por un monto aproximado de cinco millones cada uno.

La denominada por el propio Murillo Karman como “verdad histórica”, fue duramente cuestionada en su momento por el grupo de apoyo a la familia de los Normalistas para dar con su paradero. De tal forma que el tema de la “verdad a base de tortura” denunciada por el abogado Vidulfo Rosales, terminó por tomarse en cuenta y convertirse, quizá, en el elemento que ha permitido desvirtuar lo que había privado de su libertad a policías, y personas señaladas como integrante de grupos organizados fuera de la ley, incluso el famoso vínculo con otros que radicaban fuera del país, en Estados Unidos, de donde también fueron ya liberados.

Tras la liberación, calificada por el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, como “inaceptable”, se han dejado escuchar voces con nuevas historias no públicas hasta ahora, como el dicho del ex Gobernador, y Gobernador en turno cuando estos hechos sucedieron, Ángel Aguirre Rivero, que declaró que el Gobierno del entonces Presidente Enrique Peña Nieto, habría congelado sus cuentas bancarias y buscaban elementos que lo ligaran a grupos delincuenciales. O las que ha dejado caer como gotas ácidas –para algunos- en sus colaboraciones periodísticas que dan cuenta de la retención de su Procurador Iñaqui Blanco, y de la posición contra suya del entonces Secretario de Gobernación, el ahora Senador Miguel Ángel Osorio Chong. Y que todo da a entender el rompimiento de la amistad y familiaridad de la relación entre ellos.

A cinco años encontramos un expediente desvirtuado, una posición del ex Procurador General de la República, Jesús Murillo, diciendo que él hizo su trabajo y no puede ser detenido ni procesado por ello y deja con prudencia su punto de vista sobre el expediente que se ha convertido en el más amplio que se haya integrado en el México contemporáneo, tanto para decir que el juez que los liberó no habría tenido el tiempo suficiente para encontrar los elementos que permitieron la detención de los hoy liberados.

A través del abogado Rosales, que a su vez representa al grupo de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, las Madres y Padres de Familia de los normalistas desaparecidos dicen que “empezarán desde cero la investigación”, no está mal. Y mantienen elementos de confianza hacia el nuevo Gobierno Federal que lleva ya 9 meses, que ha rendido su Primer Informe –tercero en cuenta- y que lleva por lo tanto responsabilidad en la liberación de involucrados, no solo porque se han reunido con el Presidente Andrés Manuel López Obrador con su promesa de hacerlo cada dos meses, sino porque el Subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, ha dicho que los jóvenes pueden estar en Guerrero, aún cuando no dice cómo.

Solo que la esperanzadora información junto con el “iniciar de cero”, se enfrenta a las garantías de nuestra Carta Magna cuando dice “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”, se tendrá la información, se podrá detener a investigadores como Zerón o Murillo, no responsables del delito, pero quizá la verdad, la otra, no la histórica que se descalificó, se convierta en una nueva bandera pero solo con la carga moral del hecho a voz secreta. Surrealismo?

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