El tema de las marchas, es de los más escabrosos para ser abordados por los representantes populares, que dicen ser de todos nosotros, hayamos o no votado por ellos e incluso, no haya acudido alguien a las urnas. En la sociedad las marchas han cambiado, y lo digo en dos acepciones. Han cambiado los contextos por los que han sido convocados, pero también han cambiado las propias marchas.
La memoria sobre las movilizaciones nos refiere que no hace mucho, unas 5 décadas, una marcha implicaba un riesgo para quienes la realizaban, y un riesgo para los gobiernos en turno hacia quienes iba dirigida la protesta. Para unos implicaba un señalamiento de mala o al menos dudosa actuación y para otros, una demanda de justicia en el tema que se abordaba, sobre todo, el de los derechos humanos y su respeto.
La propia sociedad impulsó cambios que debemos recordar fueron aplicados por primera vez en la República Mexicana desde esta tierra guerrerense, referente de agravios, de protesta social, de lucha, de guerrilla. Estos cambios, incorporados posteriormente en la estructura gubernamental, permitió ampliar una cobertura de protección de respeto a la integridad individual a toda la nación y se consideró que el tema estaba superado al quedar estipulado en leyes y al haber instancias de atención.
No ha sido así, o al menos, ha sido visto como un paliativo, pero no ha sido una solución.
Los agravios cambiaron, pero siguieron presentes. No ha bastado la incorporación al ejercicio de poder de aquellos que salieron a las calles a protestar por la aparición con vida de un camarada. De los que denunciaron atropellos de gobiernos. De quienes limitaron la libertad de expresión, desde diversas trincheras, desde acabar con la vida del periodista o hasta limitarle con un convenio para buscar lo mismo, acabarlo. Entre otros casos que están en los registros de estas décadas relacionados con todos los sectores que trabajan por la libertad de expresión.
La movilidad cambió y se volvió no sólo más cruda e intolerante, sino que dejó de respetar a la propia sociedad que antes la cobijaba. Los agravios recientes, de los de menos de una década, presentes en nuestro estado, en otras latitudes del país y en el propio territorio capital del país, ha llevado a que sus autoridades legislen e incorporen temas para proteger también a quienes se convierten en víctimas de las víctimas, los llamados terceros.
En Guerrero, un legislador del PRD propuso que para evitar que las marchas afectaran el desarrollo de la propia sociedad, éstas tuvieran una ruta que permitiera a otros más seguir con sus propias actividades, incluso, no poner en riesgo la salud e integridad ciudadana. ¿Qué pasó? Nada. No pasó nada. Hizo mal el diputado? Sin duda, si pensó en todo el esquema de la sociedad y no sólo en beneficio de uno, lo que hizo fue parte de su función de ser representante popular. Pero le cobraron esta iniciativa.
Ahora, en la ciudad de México, en el Gobierno capitalino, el tema es abordado, quienes deseen realizar una actividad que implique tomar una calle, requerirán de un permiso que deberá ser expedido por la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX.
Cualquier concentración humana, una marcha, una peregrinación, una acción de carácter social, deportivo o recreativo deberá sujetarse al Reglamento de Movilidad, publicado en la gaceta oficial este fin de semana pasado, que abroga la anterior de 2014 por ser considerada inconstitucional. Ahora, con al menos de antelación se debe solicitar un permiso que indique quién es el responsable de la movilidad, la ruta, los números de asistentes, número y tipo de vehículos a utilizar, etcétera.
Pero hay algo que es claro, ante esta disposición, la Suprema Corte ha señalado que no se puede evitar la marcha porque afectaría la libertad de expresión, pero hacerlo ayudará a otra libertad, la libertad de tránsito que ha demandado la otra parte de la sociedad que no ha tenido quien la defienda en su derecho a transitar sin afectaciones y sin riesgo. Surrealismo?
