El Programa Escuelas de Tiempo Completo tuvo su origen en el año 2007, como una propuesta pedagógica innovadora cuyo objetivo radica en generar ambientes educativos propicios para ampliar las oportunidades de aprendizaje y el desarrollo de competencias de las y los alumnos conforme a los propósitos de la educación pública básica y desde la posibilidad que ofrece la incorporación de líneas de trabajo en la ampliación de la jornada escolar.
Justo es señalar que con el paso de los años, los objetivos del Programa se fueron perfeccionando, agregando nuevas metas como la formación de valores, el desarrollo de competencias y el aprovechamiento óptimo del tiempo disponible para el trabajo, entre otros.
No obstante, desde la llegada de la actual administración pública federal, con un gran desconocimiento de las instituciones de nuestro país, se han erradicado de golpe un sinnúmero de programas, estrategias y partidas que apoyaban de forma estratégica y eficaz a diversos sectores de la población.
Sucedió en primer término con las estancias infantiles, y ahora, con el mismo discurso y modus operandi el gobierno federal ha puesto en marcha la extinción de un programa funcional, incluyente y necesario para la educación de millones de niñas, niños y adolescentes, como lo son las Escuelas de Tiempo Completo.
La numeraria implicada no es menor, de acuerdo con estimaciones, la eliminación del programa dejaría a 3.2 millones de estudiantes sin la oportunidad de tener un mejor aprovechamiento escolar.
A pesar de que se tenga el registro oficial basado en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, relativos a que el programa pasó de operar en 500 escuelas durante el ciclo 2007-2008, a la loable cifra de 25 mil 134 escuelas en 2018, con grandes resultados en rubros como lenguaje, comunicación y matemáticas; el gobierno de Morena con la menor sensibilidad posible ha dado un duro revés al sistema educativo nacional con la eliminación del programa.
Además, la desaparición afecta a las maestras y los maestros, pues dejaron de recibir los recursos adicionales por las horas extras de aprendizaje haciendo aún más precaria la situación económica de las y los docentes de nuestro país.
Lamentablemente, la vía planteada de entregar los recursos directamente a madres y padres de familia carece de un amplio número de flaquezas. Incluso, especialistas han referido que el nuevo diseño no funcionará, pues las propias condiciones de marginación y vulnerabilidad que afectan a un gran porcentaje de las familias mexicanas se traducirá en el gran reto que no permita que el programa cumpla con sus objetivos de origen.
Lo que verdaderamente se necesita es salvaguardar vertientes educativas como las Escuelas de Tiempo Completo. Para ello, es indispensable modificar la Ley General de Educación a efecto de garantizar que este programa siga operando año tras año por mandato legal, para que independientemente de las presiones políticas que sufra la administración en turno siga en pie la educación de millones de niñas, niñas y adolescentes.
