Acapulco y 14 ciudades más del país, la mayoría con vocación turística, formarán parte de un proyecto de rescate promovido por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ante la alta marginación que padecen, según se expuso.
Se trata, de acuerdo con el plan presentado por el tabasqueño al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y a cinco gobernadores más involucrados, de una estrategia para revertir las condiciones de rezago social de sus zonas populares que contrastan con el avance y la modernización en sus áreas turísticas e infraestructura hotelera de gran turismo.
El proyecto de rescate prevé un techo presupuestal de 10 mil millones de pesos, en una fase que supone una inversión inicial, que se destinaría al mejoramiento del desarrollo urbano y la construcción de vivienda digna en áreas marginadas.
De este monto, a Acapulco le corresponderían inicialmente 600 millones de pesos aplicados directamente por el próximo gobierno federal sin mediación de ninguna autoridad local.
Se entiende, conforme al nuevo esquema de operación de la administración pública federal a partir del próximo 1° de diciembre, que esos recursos serán administrados por la llamada Coordinación Estatal, la súper delegación que centralizaría todas las delegaciones federales en el estado, cuyo titular sería el actual coordinador de la fracción del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso local, Pablo Amílcar Sandoval.
El anuncio de esta inversión desde luego es plausible porque intenta resolver algunas situaciones de atraso que las autoridades municipales y estatales no han atendido históricamente en zonas donde mantenían un caldo importante de electores a los cuales, en agradecimiento a sus votos, se les pavimentaba un tramo de calle o se les daban láminas galvanizadas para sobrellevar su precaria situación de vivienda.
Y es que las colonias populares de la periferia y las zonas media y alta de Acapulco, así como la zona rural, son las más importantes para los partidos políticos, pero, a su vez, las menos favorecidas por los mismos. No puede entenderse de otro modo que en zonas como Renacimiento, La Sabana, Tres Palos, Vicente Guerrero, 20 de Noviembre o la Zapata, sólo por mencionar algunas, existan calles de tierra, tuberías sin agua, pobreza extrema tanto económica como alimentaria y, en consecuencia, inseguridad alarmante.
Dice López Obrador que no puede entenderse una ciudad con grandes hoteles que contrastan con colonias sin agua ni drenaje ni servicios públicos, y tiene razón en el reproche tácito de cómo se ha abandonado a la población de clase media baja.
En este espacio he insistido que, para garantizar un desarrollo económico integral y armónico, es necesario reducir la brecha de desigualdad en Acapulco y lograr que las familias menos favorecidas obtengan ingresos fijos y justos. Con dinero en el bolsillo, algunas personas -por supuesto que no es justificable- evitarían recurrir a actividades fuera de la ley para obtener ingresos.
Por tanto, la inversión dentro de este plan de rescate de ciudades de alta marginación no debe desdeñarse; por el contrario, es bienvenido, pero debe ser sometido a vigilancia de los propios ciudadanos, aprovechando este nuevo papel preponderante que tendrá por parte del próximo gobierno federal.
De antaño, inversiones a raudales han sido anunciadas con bombo y platillo, pero su aplicación ha sido dudosa, con obras deficientes, o malversadas por quienes se han encargado de administrarlas.
Es necesario, pues, crear órganos ciudadanos ajenos al gobierno que, bajo probada capacidad moral, se encarguen de dar puntual vigilancia a esta y futuras inversiones públicas a fin de comenzar a materializar los objetivos trazados. Sin duda, este proyecto será sumamente benéfico en la medida que se apegue fielmente a su propósito.
Después de estos, el gobierno federal está obligado también a voltear los ojos a nuestra zona turística que, si bien no está en ruinas, requiere una reinvención con miras a reposicionarlo como destino pionero del turismo en México.
