Tras la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2019, la pasada madrugada del 24 de diciembre en la Cámara de Diputados, quedó un resabio y dudas sobre la pertinencia del proyecto presentado por el Ejecutivo Federal, y el cual sólo contó con mínimos ajustes que la mayoría parlamentaria en San Lázaro finalmente pudo, o se les permitió realizar al proyecto original. Por su parte, en un ejercicio democrático, la oposición se mostró crítica y utilizó todos sus recursos a su alcance para revertir el resultado final.
Es de reconocer que si bien existía una concentración del presupuesto, destinado a los programas sociales anunciados por la nueva administración federal, así como a proyectos de infraestructura, tales como el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía; lo cierto es que otros rubros de gran importancia para el país también fueron reducidos de manera significativa, siendo los órganos constitucionales autónomos, el Poder Judicial, los proyectos de infraestructura local, el campo, así como los programas sociales para niños, mujeres y personas con discapacidad, los más afectados.
Por supuesto, efectos presupuestales no han sido inmediatos, pero al transcurrir de los días se han comenzado a sentir las consecuencias negativas de una distribución, que pone en tela de juicio el verdadero beneficio para la sociedad y para las instituciones democráticas del país.
Quiero llamar la atención sobre el caso particular de la reducción, en casi 50%, del presupuesto que recibirán las más de 9,600 estancias infantiles que existen en el país y que apoyan a más de 300 mil familias con el cuidado de sus hijos, mientras que los padres tienen la oportunidad de trabajar dignamente y generar recursos económicos para el bienestar de sus hogares.
En este sentido es importante destacar que mientras en el 2018 se destinaron 4,070.26 millones de pesos, en el 2019 esta cifra se redujo considerablemente en el PEF a 2,041.62 millones de pesos; lo que sin duda comienza a afectar en perjuicio de más de 313 mil niñas y niños menores de 4 años en todo el país, pero también a miles de padres de familia y personal que trabaja en el cuidado de los niños.
Con este viraje presupuestal y de política pública, se pone fin a una práctica transexenal de doce años, en la que se otorgó un subsidio de 950 pesos mensuales para el cuidado y atención de niños, para que madres y padres solteros pudieran trabajar. Lo anterior se agrava si tomamos en cuenta que las estancias infantiles se encuentran ubicadas en zonas con alta marginación, rompiendo un ciclo necesario para impulsar la productividad económica.
Por ello que la semana pasada propuse, ante el Pleno del Senado de la República, un Punto de Acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretarías de Bienestar Social y de Hacienda y Crédito Público, a realizar las adecuaciones necesarias, a efecto de que se asigne el presupuesto para garantizar la operación del programa de estancias infantiles, y el cual fue atendido mediante el acuerdo aprobado por la JUCOPO.
De manera puntual debo señalar que desaparecer las estancias infantiles en el país, sería un error histórico y repercutiría directamente al desarrollo de las siguientes generaciones.
* Senador de la República
