Las implicaciones que poseen los flujos migratorios en la actualidad, atraen cada vez en mayor medida la atención, particularmente en el caso de nuestro país, lugar en el que ha representado uno de los retos más grandes por afrontar al ser origen, tránsito, destino y retorno de personas; por lo que es prioritario la sensibilidad y margen de actuación con los que las autoridades se desempeñen en favor de mejorar de forma integral las vertientes que conlleva la migración, y conforme a derecho garantizar los mejores mecanismos de protección en favor de las y los migrantes.
No es un reto menor, ya que la migración obedece entre muchas otras adversidades, a los efectos de la pobreza, donde las personas buscan mejorar sus condiciones de vida y las de su familia, buscando un mejor empleo que les brinde mejores oportunidades, así como acceso a la educación, la vivienda y el cuidado de la salud; condiciones que no son posibles de realizar en su país de origen.
De acuerdo con la numeraria migratoria, según el informe sobre las migraciones en el mundo 2020 de la Organización Internacional para las Migraciones, a junio de 2019 se estimaba que el número de migrantes internacionales era de casi 272 millones en todo el mundo, 51 millones más que en 2010. Casi dos tercios eran migrantes laborales. De tal manera que los migrantes internacionales constituían el 3.5% de la población mundial en 2019, en comparación con el 2.8% en el año 2000 y el 2.3% en 1980.
A ello hay que sumar que si bien es cierto que muchas personas migran por elección, también lo es que muchas otras lo hacen por necesidad. En esta tesitura, según el ACNUR, el número de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo era de 79.5 millones a finales de 2019.
Cabe mencionar que México es el segundo país con mayor número de emigrantes internacionales, superando los 12 millones. Asimismo, por su posición geográfica el territorio nacional se erige como uno de los principales espacios de tránsito para un gran segmento de quienes desean llegar a los Estados Unidos de América, conllevando una gran responsabilidad para las autoridades mexicanas.
En virtud de lo anterior, y en atención al número elevado y crecimiento constante de migrantes que existen en el mundo, así como alentada por el interés de la comunidad internacional en proteger y asegurar los derechos humanos y libertades de todos los migrantes, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 4 de diciembre de 2000 en la Resolución 55/93 instituir el 18 de diciembre de cada año como el Día Internacional del Migrante; oportunidad para que tanto los Estados como organizaciones no gubernamentales difundan información sobre los derechos y las libertades fundamentales de los migrantes, intercambien experiencias y formulen medidas para protegerlos.
A ello hay que sumar que uno de las metas que persigue la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, particularmente a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.
Bajo este orden de ideas, hoy más que nunca es fundamental velar por un eficiente control y cooperación internacional que atienda de forma integral la migración, mediante medidas ordenadas, seguras, responsables y con plena protección a los derechos humanos de las y los migrantes.
Los retos no son menores, hemos sido testigos de la oleada de inconsistencias y catástrofes que se han presentado por descuidar la atención a los derechos humanos de los migrantes, por ello, es momento apremiante de poner en marcha todos los esfuerzos necesarios para dar una real atención a los flujos migratorios.
