/ viernes 22 de septiembre de 2023

Realpolitik | Nueve años de Iguala y penúltimo de AMLO

En unos días se cumplirán nueve años de los acontecimientos de Iguala, en el que estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala, el saldo de nueve muertos, 27 heridos y 43 desaparecidos, que a lo largo de este tiempo revelaron el nivel de complicidad entre diversos niveles de autoridades, civiles y militares, con el grupo criminal “Guerreros Unidos”.

Nueve años han pasado y en el penúltimo año del primer presidente que se reivindica de izquierda en México, no se ha podido dar una respuesta a las exigencias de justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos. La narrativa presidencial va en el sentido de buscar encarcelar a las autoridades que investigaron y que presentaron los primeros resultados, pero no ha tocado ni con el pétalo de una rosa al Ejército Mexicano, cuya información está en disputa por la probable colusión de mandos y tropa con los sicarios de Iguala y sus municipios circundantes.

En la última reunión que sostuvieron los padres de familia de los desaparecidos, se confrontaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la información de la intervención del Ejército. Mientras que el Ejecutivo asegura que ya se entregó toda la información, los familiares aseguran que no es así y que hacen falta documentos. Esta situación fue precisamente la que llevó al Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) a retirarse de la investigación, porque también reclamó que el Ejercito no entregaba información y el presidente decía que sí lo había hecho.

En su mañanera de ayer, antes de reunirse con los padres, López Obrador reiteró que había avances y que ya la información estaba dispuesta para tratarla con los padres para que no fueran manipulados; después de la reunión los familiares insistieron en que no había avances porque no se ha entregado la información.

López Obrador está a un año de terminar su sexenio, lo que no pudo hacer durante cinco años no lo podría hacer en uno. Más aún cuando los hechos manifiestan el respaldo de todo tipo que le ha dado a los militares, a las secretarías de la Defensa Nacional como a la de Marina, una serie de concesiones que han ampliado sus facultades, que deberían despertar la preocupación ciudadana, por el enorme poder del cual se ha dotado a los militares mexicanos.

En este proceso deberían ser los militantes de izquierda, sobre todo aquellos que tuvieron un tránsito en los grupos radicales de los 60 y 70, quienes fueron las principales víctimas de las acciones de la Guerra Sucia.

El punto central del debate en torno a las investigaciones de la noche de Iguala de 26 y 27 de septiembre de 2014, es la participación del batallón que se encuentra instalado en esa ciudad y que según consta en diversas informaciones que se han dado a conocer, participaron activamente en la desaparición de los estudiantes. Las informaciones se han filtrado a lo largo del año, primero con la periodista Peniley Ramírez y posteriormente con El New York Times, en que se ha dado a conocer que en el ataque a los normalistas no sólo participaron sicarios y policías municipales, sino también efectivos del Ejército.

En el tiempo que lleva López Obrador prometiendo justicia se ha topado con el Ejército< al que no sólo ha protegido, sino que también está otorgándole más facultades, con lo cual está blindando para cualquier otra persona que llegue al Poder Ejecutivo.

En unos días se cumplirán nueve años de los acontecimientos de Iguala, en el que estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala, el saldo de nueve muertos, 27 heridos y 43 desaparecidos, que a lo largo de este tiempo revelaron el nivel de complicidad entre diversos niveles de autoridades, civiles y militares, con el grupo criminal “Guerreros Unidos”.

Nueve años han pasado y en el penúltimo año del primer presidente que se reivindica de izquierda en México, no se ha podido dar una respuesta a las exigencias de justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos. La narrativa presidencial va en el sentido de buscar encarcelar a las autoridades que investigaron y que presentaron los primeros resultados, pero no ha tocado ni con el pétalo de una rosa al Ejército Mexicano, cuya información está en disputa por la probable colusión de mandos y tropa con los sicarios de Iguala y sus municipios circundantes.

En la última reunión que sostuvieron los padres de familia de los desaparecidos, se confrontaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la información de la intervención del Ejército. Mientras que el Ejecutivo asegura que ya se entregó toda la información, los familiares aseguran que no es así y que hacen falta documentos. Esta situación fue precisamente la que llevó al Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) a retirarse de la investigación, porque también reclamó que el Ejercito no entregaba información y el presidente decía que sí lo había hecho.

En su mañanera de ayer, antes de reunirse con los padres, López Obrador reiteró que había avances y que ya la información estaba dispuesta para tratarla con los padres para que no fueran manipulados; después de la reunión los familiares insistieron en que no había avances porque no se ha entregado la información.

López Obrador está a un año de terminar su sexenio, lo que no pudo hacer durante cinco años no lo podría hacer en uno. Más aún cuando los hechos manifiestan el respaldo de todo tipo que le ha dado a los militares, a las secretarías de la Defensa Nacional como a la de Marina, una serie de concesiones que han ampliado sus facultades, que deberían despertar la preocupación ciudadana, por el enorme poder del cual se ha dotado a los militares mexicanos.

En este proceso deberían ser los militantes de izquierda, sobre todo aquellos que tuvieron un tránsito en los grupos radicales de los 60 y 70, quienes fueron las principales víctimas de las acciones de la Guerra Sucia.

El punto central del debate en torno a las investigaciones de la noche de Iguala de 26 y 27 de septiembre de 2014, es la participación del batallón que se encuentra instalado en esa ciudad y que según consta en diversas informaciones que se han dado a conocer, participaron activamente en la desaparición de los estudiantes. Las informaciones se han filtrado a lo largo del año, primero con la periodista Peniley Ramírez y posteriormente con El New York Times, en que se ha dado a conocer que en el ataque a los normalistas no sólo participaron sicarios y policías municipales, sino también efectivos del Ejército.

En el tiempo que lleva López Obrador prometiendo justicia se ha topado con el Ejército< al que no sólo ha protegido, sino que también está otorgándole más facultades, con lo cual está blindando para cualquier otra persona que llegue al Poder Ejecutivo.