oscarbasave@msn.com Esta semana la confrontación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y quienes reclaman justicia por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa escaló a otro nivel. El derrumbe de una puerta del Palacio Nacional con una camioneta sólo sirvió para que el Ejecutivo les prometiera una reunión en unos veinte días, así como para mantener su narrativa de complots de organizaciones de derechos humanos y de organismos internacionales, que según su dicho buscan desestabilizar su gobierno.
López Obrador arriesga mucho en esta confrontación con los normalistas y las madres y padres de desaparecidos. No es una movilización colectiva que amaine sus exigencias cuando se les niega lo que exigen, muy por el contrario tienden a radicalizarse aún más. A diferencia de otros sectores sociales o agrupaciones a los que ha desdeñado, en el caso de las protestas relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tienen un repertorio de lucha en el que utilizan artefactos explosivos o toman vehículos, como fue el caso del miércoles, para derribar la puerta palaciega.
El mandatario no está tratando con las madres buscadoras de los desaparecidos, ni tampoco con los padres de los niños enfermos de cáncer, ni con ambientalistas que se oponen a su proyecto del tren maya, sino con un grupo que son de armas tomar y quienes están reclamando que a unos meses de que sea el cambio en el Poder Ejecutivo no les ha resuelto de forma satisfactoria su demanda de justicia.
Aunque López Obrador haya intentado negociar con una parte de los padres de familia que reclaman una indemnización y que son los mismos que participaron en una marcha por la liberación del presidente municipal de Iguala al momento de la desaparición, José Luis Abarca, olvidó el pequeño detalle de que quienes han mantenido la lucha son aquellos con los que se está enfrentando y a los que está azuzando con sus declaraciones.
Como candidato a la presidencial López Obrador se comprometió con ellos a hacerles justicia, pero en este tiempo en lugar de hacerlo se ha metido en más embrollos; como el de revelar su intromisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para encarcelar a quien fuera procurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam, encargado del caso durante el periodo en que ocurrieron los hechos.
Esto es sólo por mencionar el ejemplo, para demostrar el rumbo que están tomando las investigaciones en torno al caso, porque el Ejecutivo ha relevado a la Fiscalía General de la República y a todos los organismos dependientes, tanto de la FGR como de la propia presidencia, para según él asumir la responsabilidad de la investigación. Es decir, de todas dependencias, tanto del Ejecutivo como la Fiscalía, el presidente se niega a delegar una investigación, sin tener las competencias necesarias ni el perfil adecuado para una investigación policiaca, sólo porque es el Presidente.
A lo largo de su periodo presidencial López Obrador ha hecho una alianza con el Ejército, mientras que los padres reclaman el proceder de estos en la entrega de información sobre el tema, esto es lo que ha estancado el tema y provocado el enfrentamiento.
Sí el Ejecutivo considera que puede dominar la narrativa en torno al caso Ayotzinapa, tal como lo ha hecho en otros casos cuya bandera justificadora ha sido el discurso de la corrupción, este asunto de los estudiantes desaparecidos difícilmente podrá encajar en alguno de los esquemas que ha utilizado y que le ha valido para evadir muchas negligencias.
El presidente está jugando con fuego.
