Cansados de la inseguridad y la violencia que permeaba sus comunidades, las y los indígenas de la Montaña de Guerrero se organizaron hace casi 20 años para vigilar sus tierras. Eligieron a sus vecinos más respetados y hábiles, los armaron con escopetas y machetes, y conformaron una policía comunitaria apoyada por un sistema de justicia local.
Este 13 de abril, el Pleno del Congreso de Guerrero aprobó por unanimidad la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que reconoce el Sistema de Seguridad Comunitario Indígena Afromexicano así como la Policía Comunitaria que actúa en 12 municipios de la Montaña y la Costa Chica; integra a 77 comunidades indígenas y beneficia a cien mil habitantes.
La propuesta, presentada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda desde inicios de marzo, reconoce que la Policía Comunitaria auxilia el Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano, al ser un organismo que ejerce funciones específicas en los pueblos de la zona y actúa conforme a sus sistemas normativos internos.
No genera relaciones laborales ni considera autoridad alguna como patrón, solamente brinda servicios gratuitos en beneficio de su comunidad.
Evolucionar los modelos policiales es fundamental para garantizar la seguridad pública, como se ha visto en la Ciudad de México, donde la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, impulsa una policía mejor capacitada en labores de inteligencia y coordinación —que no se había visto desde hace al menos 35 años— entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de Justicia.
Las reformas a la ley, como la de esta semana en Guerrero, abren la oportunidad de transformar los sistemas normativos relacionados con la administración de justicia. Al capacitar a las corporaciones pueden modificarse usos y costumbres que atentan contra los derechos humanos, como la venta de niñas en matrimonio. Esta continuación de prácticas de petición de mano y pago de dote representa uno de los delitos más atroces: Trata de Personas en su modalidad de matrimonio servil o forzoso.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha apoyado, entre 2021 y 2022, a más de 118 mil 800 mujeres de todo el país ante diferentes violencias como las que padecen las y los indígenas de estas comunidades.
La transformación de leyes debe ir de la mano de la transformación de las comunidades para promover entornos más seguros para todos sus habitantes. La garantía de seguridad física y psicológica de las mujeres es necesaria en esta evolución y, por eso, debe integrarse a la agenda de los organismos encargados de promover la seguridad de sus comunidades.
@guerrerochipres
