En este país de 70.9 millones de pobres, millones de necesidades que refrenan el desarrollo nacional equitativo y millonarias pérdidas para el sector formal a consecuencia de la pandemia vigente, el presidente de la República se concede un capricho político de 522 millones de pesos.
A ese costo, el próximo 1 de agosto se celebrará la primera consulta popular en México para preguntar a los ciudadanos, mediante un galimatías reformulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si están de acuerdo en que se juzgue a los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Aunque la pregunta de la consulta omite nombres y cargos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se encargó de matizarla para alentar la participación ciudadana en este ejercicio inédito que conlleva implicaciones políticas hacia 2024 y Morena lo reafirma al asumirse como principal promotor de la misma.
El cuestionamiento textual, divagante y confuso, reza así: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encauzados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
El amplísimo alcance de los efectos de esa consulta llegaría hasta Luis Echeverría Álvarez, vivo aún y tristemente recordado por el Halconazo, pero su nombre fue excluido por López Obrador para hacer enfática y detallada exposición sobre las causas meritorias de enjuiciamiento a sus cinco antecesores.
La consulta es un mecanismo de participación ciudadana reconocido en la Constitución; sin embargo, su propósito tiene un sesgo político electoral más allá de un interés legítimo de llevar al banquillo de los acusados a ex presidentes por su presunta responsabilidad en diversos delitos cometidos durante y después de sus gestiones.
Para que las autoridades mexicanas puedan iniciar algún proceso penal contra ellos, 37 millones 400 mil mexicanos deberán votar favorablemente, es decir, 40 por ciento del listado nominal actual; de lo contrario, el ejercicio no tendrá carácter vinculante y pasará a la historia como la primera consulta popular inútilmente costosa.
Además, aplicarla implicará un despliegue logístico similar al del pasado proceso electoral para instalar 57 mil casillas en todo el territorio nacional y capacitar, previamente, a quienes estarán a cargo de registrar a participantes y recibir las boletas.
Si bien persiste un ánimo social por desterrar prácticas del pasado y llevar al cadalso a los culpables de los episodios negros de la historia reciente de nuestro país, la consulta tiene dos malos antecedentes que no garantizan éxito: las malogradas y desairadas consultas públicas sobre la cancelación del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y los programas prioritarios de la 4T.
Si bien el gobierno mexicano desestima el gasto de la consulta porque, finalmente, se usarán recursos asignados al presupuesto del Instituto Nacional Electoral como ente responsable de la organización y celebración de la misma, no debe omitirse que se trata de recursos públicos producto de nuestros impuestos.
El grueso de la sociedad mexicana superó ya la pasada elección más grande de la historia con todos sus enconos y crispaciones, y ahora está volcada a emprender esfuerzos para recuperarse de los estragos económicos y sociales de la pandemia.
Si existen delitos probados contra los actores ya bien identificados, la autoridad federal está obligada a aplicar todo el peso de la ley sin intercesión de terceros ni aval popular.
Al promover abiertamente la consulta sin recular en su aparente postura de no juzgar a los ex presidentes, López Obrador busca, más bien, deslindarse de forma pública de cualquier consecuencia política derivada de la persecución legal contra Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña.
Al final, se justificará, fue decisión del pueblo bueno.
