El presidente Andrés López ha convocado a la ciudadanía y a los legisladores para que se realice una consulta popular para saber si se enjuicia a cinco expresidentes. Lo anterior, además de ser inconstitucional, es un despropósito, es ocioso, atenta contra el Estado de Derecho, la democracia y la presunción de inocencia. Me explico: la ley no está sujeta a votación, referéndums o consultas. La norma está para ser observada, cumplida y ejecutada. Si el presidente sabe, conoce o tiene información de algún hecho criminal o que constituya delito producido por alguna persona, pues debe denunciarlo de inmediato; de no hacerlo se convertiría en cómplice. Además, Enrique Peña, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas no tienen fuero alguno (por lo que ya no están sujetos ni al juicio político ni al de procedencia). En el momento de concluir su mandato terminó esa prerrogativa constitucional. Hoy son ciudadanos con deberes, derechos y obligaciones como todos los demás, por lo que pueden ser denunciados, si cometieron o cometen algún delito. Entonces, ¿Cómo para qué quiere una consulta a todas luces ilegal? Simplemente que haga la denuncia correspondiente ante la Fiscalía correspondiente.
El presidente y sus aplaudidores deben recordar lo que establece el artículo 13 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos: “Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales.” De manera que si tiene las pruebas, deberá señalar específicamente a la persona, quien deberá ser juzgada de conformidad con la ley respectiva, expedida con anterioridad al hecho sin que se le dé efecto retroactivo en su perjuicio; y por el tribunal correspondiente, previamente establecido al hecho delictuoso, (artículo 14 constitucional).
Los asesores del presidente lo debieran ilustrar sobre lo establecido por el artículo 16 de la nuestra Constitución, la cual manda que: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.” Por tanto, el cumplimiento de la ley no está a consideración de sufragios. Es muy clara la referida Constitución al respecto: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección” (artículo 35, fracción VIII, numeral tercero). Pero para efectos del desastre de las políticas públicas en salud, en la economía, en la seguridad, en el empleo, en el crecimiento económico, la rifa (estafa) del avión presidencial y el juicio (linchamiento) a expresidentes son ideales para distraer la atención de la mayoría de mexicanos.
