/ domingo 13 de junio de 2021

Oposición, a prueba

En la elección del domingo pasado, la 4T perdió mayoría calificada en la Cámara de Diputados y, con ello, la posibilidad de aprobar fast track reformas constitucionales promovidas desde Palacio Nacional para materializar su proyecto de nación.

Como bancada dominante, Morena y sus aliados podrán sacar sin dificultades ni rebate de fracciones opositoras un Presupuesto de Egresos de la Federación y demás iniciativas a la medida de los intereses del Poder Ejecutivo. Lo constitucional con sello sexenal, en estos tres años que restan a la administración de Andrés Manuel López Obrador, será más complejo conforme a la nueva composición legislativa, vigente a partir de septiembre.

De acuerdo con los resultados finales de la elección intermedia, Morena consiguió 199 escaños en San Lázaro y el Partido del Trabajo, su partido satélite natural, 38; con el Partido Verde, que obtuvo 42 puestos, su relación política es incierta y frágil por desavenencias electorales que no permitieron construir una coalición sólida.

Los integrantes de la alianza opositora, en tanto, tienen en total 198 curules distribuidas así: PAN, 113; PRI, 70 y PRD, 15. Movimiento Ciudadano, que transitó solo en los pasados comicios, se hizo de 23 espacios en la Cámara.

Consciente de que las matemáticas no le serán del todo favorables en la Cámara baja, el presidente ha expuesto públicamente, sin empacho, su estrategia política de disolución de bretes legislativos, aunque eso implique contravenir los principios ideológicos de su proyecto transformador.

Su margen de negociación y cabildeo es muy cerrado, dada su irreconciliable confrontación con Movimiento Ciudadano y sus principales representantes: el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el senador Dante Delgado.

La incompatibilidad política de su gobierno con Acción Nacional, en el otro extremo, haría antinatural cualquier tipo de acuerdo en cualquier circunstancia.

La baraja política al alcance presidencial, entonces, se reduce al PRI y a un desdibujado PRD, y así lo admitió López Obrador en su conferencia mañanera del pasado 9 de junio al aludir directamente al Revolucionario Institucional.

Aunque lo planteó como una posibilidad, en virtud de que los cambios constitucionales que proyecta su gobierno son pocos y la negociación, por tanto, sería excepcional, dos días después anunció el envío de una reforma constitucional en el rubro de energía eléctrica.

Las modificaciones previstas en la materia, tras el alud de amparos interpuestos a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada el año pasado, prevé brindar garantías de fortalecimiento a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante su indefensión frente al sector privado, producto de la reforma energética de Enrique Peña Nieto.

Dada la limitación numérica que enfrenta su partido, López Obrador ya pretende echar mano del llamado PRIMor (la alianza PRl-Morena).

Los priístas, en voz de sus legisladoras Claudia Ruiz Massieu y Dulce María Sauri, han anticipado un rechazo tajante a cualquier negociación. “No somos Judas”, espetó Sauri a la intención morenista trazada por su máximo líder; el bloque de contención es permanente, atajó a su vez la senadora guerrerense.

La negativa parece contundente. Así tendría que ser si la alianza que amalgamaron con Acción Nacional y el PRD pretende llevarse de lo electoral a la praxis legislativa, como originalmente se concibió el acuerdo opositor, para ser un verdadero contrapeso a Morena.

Empero, otro escenario: sobre el PRI pesan diversos casos de corrupción cometidos por servidores públicos y gobernadores de sus filas -causa de su pérdida de credibilidad y abrupta caída como fuerza política nacional- que pueden ser dispensados por la administración federal como moneda de cambio en busca de esa aplanadora legislativa, o bien presionar mediante la exhibición de más irregularidades en detrimento de su imagen.

Por un lado u otro, la 4T conseguiría en el tricolor esos votos faltantes.

Lo verdaderamente insultante en esta táctica es el contradictorio desacierto presidencial, y no de los timones de Morena propiamente, de recurrir a la fuerza legislativa de aquel partido que alimenta su discurso anti-corrupción y su doctrina contra el neoliberalismo, en aras de ver plasmados sus propósitos.

El fin, en este caso, no justifica los medios.

La auténtica transformación de un país se consigue aún con algunas derrotas, pero nunca traicionando ideales a conveniencia.

Pedro Kuri Pheres en Facebook

@pedrokuripheres en Twitter

acapulco.ok@gmail.com

En la elección del domingo pasado, la 4T perdió mayoría calificada en la Cámara de Diputados y, con ello, la posibilidad de aprobar fast track reformas constitucionales promovidas desde Palacio Nacional para materializar su proyecto de nación.

Como bancada dominante, Morena y sus aliados podrán sacar sin dificultades ni rebate de fracciones opositoras un Presupuesto de Egresos de la Federación y demás iniciativas a la medida de los intereses del Poder Ejecutivo. Lo constitucional con sello sexenal, en estos tres años que restan a la administración de Andrés Manuel López Obrador, será más complejo conforme a la nueva composición legislativa, vigente a partir de septiembre.

De acuerdo con los resultados finales de la elección intermedia, Morena consiguió 199 escaños en San Lázaro y el Partido del Trabajo, su partido satélite natural, 38; con el Partido Verde, que obtuvo 42 puestos, su relación política es incierta y frágil por desavenencias electorales que no permitieron construir una coalición sólida.

Los integrantes de la alianza opositora, en tanto, tienen en total 198 curules distribuidas así: PAN, 113; PRI, 70 y PRD, 15. Movimiento Ciudadano, que transitó solo en los pasados comicios, se hizo de 23 espacios en la Cámara.

Consciente de que las matemáticas no le serán del todo favorables en la Cámara baja, el presidente ha expuesto públicamente, sin empacho, su estrategia política de disolución de bretes legislativos, aunque eso implique contravenir los principios ideológicos de su proyecto transformador.

Su margen de negociación y cabildeo es muy cerrado, dada su irreconciliable confrontación con Movimiento Ciudadano y sus principales representantes: el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el senador Dante Delgado.

La incompatibilidad política de su gobierno con Acción Nacional, en el otro extremo, haría antinatural cualquier tipo de acuerdo en cualquier circunstancia.

La baraja política al alcance presidencial, entonces, se reduce al PRI y a un desdibujado PRD, y así lo admitió López Obrador en su conferencia mañanera del pasado 9 de junio al aludir directamente al Revolucionario Institucional.

Aunque lo planteó como una posibilidad, en virtud de que los cambios constitucionales que proyecta su gobierno son pocos y la negociación, por tanto, sería excepcional, dos días después anunció el envío de una reforma constitucional en el rubro de energía eléctrica.

Las modificaciones previstas en la materia, tras el alud de amparos interpuestos a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada el año pasado, prevé brindar garantías de fortalecimiento a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante su indefensión frente al sector privado, producto de la reforma energética de Enrique Peña Nieto.

Dada la limitación numérica que enfrenta su partido, López Obrador ya pretende echar mano del llamado PRIMor (la alianza PRl-Morena).

Los priístas, en voz de sus legisladoras Claudia Ruiz Massieu y Dulce María Sauri, han anticipado un rechazo tajante a cualquier negociación. “No somos Judas”, espetó Sauri a la intención morenista trazada por su máximo líder; el bloque de contención es permanente, atajó a su vez la senadora guerrerense.

La negativa parece contundente. Así tendría que ser si la alianza que amalgamaron con Acción Nacional y el PRD pretende llevarse de lo electoral a la praxis legislativa, como originalmente se concibió el acuerdo opositor, para ser un verdadero contrapeso a Morena.

Empero, otro escenario: sobre el PRI pesan diversos casos de corrupción cometidos por servidores públicos y gobernadores de sus filas -causa de su pérdida de credibilidad y abrupta caída como fuerza política nacional- que pueden ser dispensados por la administración federal como moneda de cambio en busca de esa aplanadora legislativa, o bien presionar mediante la exhibición de más irregularidades en detrimento de su imagen.

Por un lado u otro, la 4T conseguiría en el tricolor esos votos faltantes.

Lo verdaderamente insultante en esta táctica es el contradictorio desacierto presidencial, y no de los timones de Morena propiamente, de recurrir a la fuerza legislativa de aquel partido que alimenta su discurso anti-corrupción y su doctrina contra el neoliberalismo, en aras de ver plasmados sus propósitos.

El fin, en este caso, no justifica los medios.

La auténtica transformación de un país se consigue aún con algunas derrotas, pero nunca traicionando ideales a conveniencia.

Pedro Kuri Pheres en Facebook

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acapulco.ok@gmail.com