El presupuesto austero y ajustado que aprobó la Cámara de Diputados federal “cayó” muy bien a los mercados. Eso es bueno, pero se hicieron ajustes draconianos al sector público, al agropecuario, social y de ciencia y tecnología. Y ello por causa de proyectos anunciados por López Obrador.
Por ejemplo, el proyecto del Tren Maya (que a precios actuales costará entre 6 mil y 8 mil millones de dólares) es un despropósito por su inviabilidad económica; pues de construirse y ponerse en operación, jalaría recursos públicos para subsidiarlo ya que no habría el número de pasajeros ni de carga para pagar la inversión; por lo que, al mediano plazo, sólo sería un “elefante blanco” en el que se dilapidaron (tiraron a la basura) ingentes recursos. ¿Por qué no, mejor, el Gobierno Federal invierte en infraestructura (carreteras, escuelas técnicas, incentivos fiscales, entre otras medidas), para poner las condiciones que atraigan a la inversión privada no solo en la región sureste sino en las actuales zonas económicas especiales?
El otro de construir refinerías (como el de Dos Bocas, que costará entre 8 mil y 10 mil millones de dólares), como se pretende, es también inviable al mediano y largo plazos, pues los motores a gasolina y diésel pronto van a desaparecer. Es como si quisiéramos gastar en abrir agencias de telégrafos para el enviar mensajes, habiendo ya otros medios más rápidos y eficientes. Sería mejor invertir en el gas natural y así impulsar la industria petroquímica.
Los recortes de personal burocrático con experiencia y altamente especializado harán que haya una sustancial pérdida de capacidad técnica de la administración pública. ¿Por qué no privilegiar una política que, a través de exámenes, se identifiquen a los empleados y funcionarios que mejor califiquen y que su desempeño y capacidad, sean de confianza o sindicalizados? De esa forma los trabajadores más capaces y con mayor experiencia podrían ser adscritos a un tabulador con remuneraciones adecuadas a su capacidad y pericia. Así, el recorte se haría con bisturí y no con machete, tal y como sucede actualmente.
En cuanto a la obra del nuevo aeropuerto –que oficialmente continúa su construcción, pues de lo contrario México tendría que pagar inmediatamente los bonos- ¿por qué no revertir su cancelación? Sale más caro pagar (con dinero público) su no construcción y destruir lo construido, que su terminación (con dinero privado), que lleva más del 30 por ciento de avance. Revisar exhaustivamente cada contrato y, de encontrar irregularidades o delitos, proceder en contra de los responsables. Esto, inmediatamente, sería una gran noticia para los mercados nacionales y extranjeros; lo que redundaría en la apreciación del peso, recuperar la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros, entre otros beneficios. Y no empezando por tirar 15 mil millones de pesos (que es lo programado para este año para iniciar los trabajos de Santa Lucía, que ni proyecto existe).
Necesitamos inversión directa, la cual es la que crea empresas, éstas generan empleos y éstos producen bienes y servicios; es decir, crecimiento económico.
