Es innegable que en la actualidad el sistema de salud pública atraviesa uno de sus momentos más difíciles en décadas , viéndose rebasado en diversas etapas de la contingencia sanitaria.
No obstante, es menester señalar que la lucha no solo es contra el Covid-19 , sino también contra las diversas enfermedades que ponen día a día en riesgo la vida de millones de mexicanos.
Desafortunadamente, en tiempos críticos en materia sanitaria, las autoridades federales del Estado mexicano han incumplido con su obligación de garantizar el derecho a la salud para la población, ya que ha trascendido reiteradamente en los últimos años el desabasto de medicamentos que repercute a diversos sectores de la población.
Se trata de una realidad deplorable que afecta a grupos como las niñas y los niños con cáncer, cuyos familiares se han visto en la adversa necesidad de recurrir al bloqueo de calles, avenidas o el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para ser escuchados; sin embargo, a pesar de la fuerza y trascendencia de estos posicionamientos, no han sido atendidos por la Secretaría de Salud.
Incluso, es un hecho inaceptable que algunas voces internas de la Secretaría de Salud del gobierno federal hayan manifestado que esta situación obedece a un “complot internacional”, cuando ha demostrado que las limitaciones en el abasto de medicamentos obedecen a una política administrativa incorrecta y poco transparente.
Con la salud no se experimenta ni se juega, ya que con el paso de los meses hemos sido testigos de que la transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) no ha sido la más adecuada, pues si bien es cierto que el gobierno federal persigue el objetivo de brindar acceso gratuito a los servicios de salud para todos; también lo es que a lo largo y ancho del territorio nacional se han replicado cientos de afectaciones para los beneficiarios, que ahora enfrentan una falta de claridad para atender sus necesidades médicas.
Esto se debe a que los titulares de las autoridades sanitarias en el orden federal optaron por la improvisación y la falta de cuidado en la transformación de un sistema de salud a otro, la cual, debió obedecer no solo al criterio de universalidad, sino también al de gradualidad y calidad.
De igual forma, muchos elementos y servicios del otrora Seguro Popular no han sido recolocados o incorporados al nuevo sistema de salud , ignorando el cúmulo de prerrogativas que miles de beneficiarios contaban con anterioridad para garantizar su derecho a la salud.
Por ello, es urgente que las autoridades sanitarias asuman el compromiso de erradicar cualquier viso de desabasto de medicamentos y operar un sistema de salud funcional, accesible y tangible para la población mexicana.
Cabe mencionar que la intención no es culpabilizar , lo que se exhorta es a que las dependencias competentes se responsabilicen de las obligaciones que tienen en materia sanitaria, ya que además del tratamiento y combate al virus SARS-CoV-2 hay un amplio abanico de malestares que son de impostergable atención.
